Extraños compañeros de viaje

La novedad en los circuitos políticos y mediáticos es que con la anunciada adhesión de los separatismos vasco y catalán el Gobierno consigue reunir una sobradísima mayoría para sacar adelante los PGE para el año 2022. Teóricamente, una indiscutible garantía de estabilidad en lo que resta de Legislatura. O sea, que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos se asegura la pervivencia en el poder hasta finales de 2023.

Pero el debate no cesa en torno a las preguntas sobre si es la gobernabilidad del Estado o es la continuidad de Sánchez en la Moncloa lo que lo que se garantiza. Y, por supuesto, sobre el precio y las posibles consecuencias de los últimos movimientos del tablero político. O sea, el apoyo de Bildu y ERC a las cuentas públicas.

Medios afines a Moncloa lo celebran como aportación a la gobernabilidad de España, aunque respetan y comprenden sus “legítimos interés tácticos” de los nacionalistas. No hace ir tan lejos en el proceso de intenciones a esos partidos vascos y catalanes. Bastaría el recuerdo de que sus dirigentes nunca dejaron de declarar públicamente que la gobernabilidad de España les trae sin cuidado. Lógico. Pero queda a la vista el absurdo que habita en una ecuación de la gobernabilidad del Estado formada por confesados enemigos del Estado.

Un absurdo reconocido en numerosas ocasiones por Pedro Sánchez, ya como presidente del Gobierno: “Si quiere lo repito cinco veces o veinte: no pactaré con Bildu” (enero 2020), “España necesita estabilidad y los independentistas no la pueden dar”, “Bildu no tiene un proyecto para España”. Y así sucesivamente.

Pero, lo dicho. Ni siquiera hace falta recurrir a la memoria para reconocer las luces rojas que se encienden tras la celebrada incorporación de Bildu y ERC al pedestal de Pedro Sánchez. También en este sentido debería bastar una simple mirada al aquí y ahora. A saber: que el anunciado apoyo a los PGE del independentismo catalán y vasco coincide con un llamamiento a incumplir una sentencia del Tribunal Supremo, la reclamada supresión del título de Rey, el anuncio de movilizaciones masivas del independentismo y la derogación de aquella ley de amnistía de 1977 que formó parte del pacto constitucional por la democracia.

Estamos, pues, ante una ecuación de gobernabilidad formada al servicio del Estado con declarados enemigos del Estado, como queda dicho, mientras se encoge el frente constitucional y el centro político queda deshabitado entre dos fuerzas, la que gobierna y la que puede gobernar, mirándose a cara de perro. Una mayoría de izquierdas trufada de fuerzas políticas con aversión al régimen del 78 y el principio de soberanía nacional única e indivisible. O una mayoría de derechas formada por la convergencia del PP y Vox, que a sus adversarios (Sánchez, Yolanda Díaz, Rufián, Otegi) les da hecho el discurso de la adhesión a la momia de Franco.