Justicia a la carta

El Gobierno de Cataluña ya ha dicho que no acata la sentencia del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad del 25 por ciento de la enseñanza del castellano. Y no sólo eso, sino que ha ordenado a todo el sistema educativo bajo su competencia que no la cumpla.

Ya ven la respuesta de toda una institución del Estado ante una sentencia desfavorable: no hacerla caso. Si la ésta hubiese sido favorable a las tesis de la Generalitat la hubiese obedecido y pregonado a bombo y platillo, pues no en vano había recurrido ante ese órgano jurisdiccional la anterior resolución del Tribunal Superior de Cataluña en ese mismo sentido.

Estamos pues ante una concepción de la justicia a la carta, de que si nos gustan sus resoluciones las acatamos y si no, no.

No entro aquí en el fondo de la cuestión, que es la discriminación del castellano y su preterición como lengua extranjera en el Principado. Algo tan evidente y tan injusto no puede ser puesto en cuestión por ninguna autoridad y menos con una sentencia en firme que lo condene.

Pero me centro aquí sólo en la forma, en que no se acate una sentencia si lo que dice no nos gusta. Y lo hace, además, el poder político, que tiene que ser el primero en cumplir la ley. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cualquiera de nosotros incumpliese una sentencia porque no nos sale por ahí, dado el precedente catalán? Pues que nos la harían cumplir por la fuerza, mientras que al Gobierno Catalán, de momento, sólo lo miran de soslayo.

De aquí la gravedad de la respuesta de la Generalitat, que pone patas arriba todo el sistema judicial, garantía de la ley, de la igualdad y el respeto a todos los ciudadanos.