El Rey, en Barcelona

La estancia de Felipe VI en Barcelona presidiendo el acto de entrega de despachos a los integrantes de la última promoción de la carrera judicial no sería noticia de no ser por la ausencia en la ceremonia de Pere Aragonés, presidente de la Generalidad y primer representante del Estado en aquella comunidad autónoma.

Un caso de falta de educación que va más allá de la descortesía y remite al clima hostil a la persona de Felipe VI creado por los dirigentes separatistas a raíz de la crucial alocución televisada del Monarca en las azarosas horas del intento de sedición y el simulacro de referéndum ilegal celebrado en Cataluña. 

El Rey, como símbolo de la unidad y permanencia de España, al recordar el mandato constitucional cumplió con el papel que le asigna la Carta Magna, pero los independentistas que promovieron aquellos actos no se lo perdonan. Y de ése depósito de rencor se alimentan no pocas de las iniciativas de una casta de políticos que viven de fomentar la discordia entre los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña negándole a una parte de la población el derecho a organizar sus vidas al margen de las ensoñaciones de los radicales que desde el gobierno de la Generalidad tratan de monopolizar todos los órdenes de la sociedad catalana.

La presencia en esta ocasión de Felipe VI en Barcelona ha corregido el error perpetrado hace un año cuando el Gobierno vetó su presencia. En aquellos días trascendió que para Juan Carlos Campo, a la sazón ministro de Justicia, la presencia del Rey en Barcelona contribuía a crear problemas de convivencia. Hoy, aquel ministro que entonces trabajaba en los indultos para los presos que cumplían condena por sedición, ha pasado a ser olvido. 

Tras su destitución -no en razón de este asunto asumido en su día por el propio Pedro Sánchez- pasó a engrosar las filas de quienes se dejan llevar por las conveniencias políticas del momento en la idea de que así se aseguran el favor de aquellos a quienes deben sus encomiendas. Craso error.