Atrofia en los tribunales

Una prueba visible del alarmante deterioro de la política nacional es la insensata incomunicación entre el presidente del Gobierno y el líder del PP. El PP, como alternativa creíble a la combinación del PSOE con una recua de partidos plurinacionales. Y uno de los efectos visibles de lo anterior es el inaceptable retraso de tres años en la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial). La culpa a partes iguales es del partido que gobierna y del que puede gobernar.

Un reto para el día después de las elecciones en Castilla y León, según algunas informaciones que recogen un presunto hartazgo del Gobierno. El mismo Gobierno que decretó la atrofia del CGPJ con una reforma sobrevenida, oportunista, reactiva --debería decir vengativa, en realidad-- que le impide hacer nombramientos mientras esté en funciones.

La primera consecuencia de esa atrofia, que el PSOE y Podemos llevaros al telar parlamentario, antes de insertarla en el BOE en la primavera de 2021, es que desde entonces el funcionamiento de los tribunales está lastrado por las vacantes. Mas de medio centenar de nombramientos están pendientes. Entre ellos, el injustificable descabezamiento de algunas salas del Tribunal Supremo, especialmente en la sala de lo contencioso-administrativo, que se encuentra en una situación dramática por la imposibilidad de cubrir el creciente número de vacantes de magistrados.

Sostengo que la compulsiva reforma de la ley del Poder Judicial, apadrinada con prisas por el Gobierno, no ha traído más que problemas añadidos a la propia renovación del CGPJ (por mayorías cualificadas que exigen el consenso PSOE-PP).

Ahora parece que en Moncloa empiezan a darse cuenta de que "la situación empieza a ser insostenible", según las informaciones de los compañeros y compañeras especializados en el devenir del sector judicial.

Digo que PSOE y PP comparten las culpas. Si el Gobierno pecó de oportunismo con la mencionada reforma, el PP no ha dejado de traficar con la renovación del CGPJ también por razones tácticas, relativizando el fondo de la cuestión. La táctica ha desplazado lo esencial. Cuestión de Estado: el funcionamiento de las instituciones.

Lo curioso es que el PP relega la importancia de esa cuestión en nombre de los principios. En este caso, la independencia judicial que, según los dirigentes de Génova, resulta violada por el Gobierno socialista al no permitir que los doce jueces del CGPJ sean elegidos por jueces, y no por el Parlamento.

Pero olvida el PP que esa es, efectivamente, que esa es también una cuestión de principio: la extracción parlamentaria de los vocales procedentes de la judicatura, y no un elemento secundario que pueda imponerse como precio al desbloqueo de la renovación del Consejo.