El ministro de Seguridad Social presentó esta semana una nueva propuesta sobre la cotización de los autónomos. Después de las críticas cosechadas por el fondo y la forma en que puso encima de la mesa su anterior documento, parece que Escrivá ha decidido cambiar tramos y cantidades. Sin embargo, según la asociación mayoritaria, la piedra angular, la base sobre la que se calcularán las cotizaciones, sigue sin aclararse. La bronca continúa, porque se desconoce aún si se tomarán para el cálculo los ingresos o los rendimientos netos, es decir descontados los gastos necesarios para realizar la actividad. La oferta no se presentó por escrito como ya ocurriera con la anterior propuesta y parece que se rebaja en los tramos altos, pero no en los bajos, de 0 a 700 euros mensuales de ingresos, con la “excusa” de que se mejorará su protección social.
Escrivá está adoptando el método que ya ha utilizado el Gobierno en otras cuestiones como la reforma laboral o la subida del SMI. Primero pone encima de la mesa una reforma inaceptable para después rebajarla y presentarse como dialogante. La reforma laboral se iba a derogar completa y de ahí pasaron a cargarse algunos aspectos, lesivos en mi opinión, como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Ya no era tan drástica, era un mal menor, y fue aceptada por los empresarios. Algo parecido quieren hacer ahora con las cotizaciones de los autónomos. Se acepta para evitar un mal mayor, aunque la situación económica de empresas y autónomos no lo aconseje. Y si no lo aceptas, como la subida del SMI, lo hago por decreto. Ya el diálogo no es tan importante.
España es el segundo país de la Unión Europea donde más empresas echaron el cierre en 2021. Unas 300.000 empresas quebraron y otras 400.000 tienen problemas de liquidez. A estas alturas aún hay trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad, el paro sigue siendo el doble de la media de la UE, cerramos la lista de los 27 en cuanto a recuperación de los niveles prepandemia, la inflación es una de las mayores de la OCDE y los precios de la energía están haciendo muchísimo daño a los negocios sin que se vea en el horizonte ninguna medida para atajarlo. Si, además, todo apunta a que el Gobierno con sus expertos va a decidir subir impuestos y los tipos de interés van a encarecer el crédito y las hipotecas, se puede asegurar que 2022 no va a ser precisamente un año fácil para empresas y hogares. Tampoco para el Gobierno que ya está viendo subir la prima de riesgo y el coste de la deuda.
La política está que arde, no cabe duda. El escándalo que en público está dando la oposición mientras en La Moncloa están comiendo palomitas mirándolo es esperpéntico. Pero, en medio están los ciudadanos que asisten atónitos al espectáculo preguntándose ¿quién está encargándose de sus problemas diarios con la cesta de la compra, el alquiler o el recibo de la luz y la calefacción?
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