Las deudas de Sánchez

La política consiste en tomar decisiones a sabiendas de que, al asignar los recursos presupuestarios, la tajada que se llevan algunos dejará en ayunas o descontentos a otros. Esta ley no escrita agudiza sus perfiles en épocas de crisis económica como la actual que viene de atrás y se agrava con la guerra de Ucrania.

Con una inflación que supera el 7,6% y una subida generalizada de precios de los combustibles: la gasolina (25,1%), el diésel (28,4%), el gas por las nubes, la electricidad (80,5%) y su incidencia en el transporte y los alimentos, se están creando las condiciones para una tormenta perfecta. Vamos de cabeza a una situación de penuria económica inocultable por más que el Gobierno por boca del presidente Sánchez se esfuerce en endosar a la guerra males que --como el escandaloso precio de la energía eléctrica-- vienen de antes de que Putin invadiera Ucrania.

En ese escenario en el que los transportistas convocan a la huelga y los presidentes de algunas CC.AA. (Núñez Feijóo) emplazan al Gobierno a rebajar los impuestos por entender que las pequeñas y medianas empresas gestionadas por autónomos están al borde de la asfixia, resulta que la ministra de Igualdad (Irene Montero) anuncia que el Consejo de Ministros aprobará un Plan Estratégico de Igualdad , "con una inversión de 20.319 millones estinada a impulsar de forma transversal políticas feministas en todas las administraciones".

Cuesta entender semejante asignación en circunstancias como las actuales en las que la partida que se anuncia triplica la destinada Sanidad (5.434 millones) o duplica el gasto destinado a Defensa. Cuando tenemos listas de espera que se alargan de semanas a meses por falta de médicos y demás personal sanitario o tenemos a centenares de profesores padeciendo una interinidad crónica también por falta de recursos económicos, el anuncio de la señora Montero, por insolidario, resulta inasumible. Las deudas políticas de Sánchez debería pagarlas Sánchez, no el conjunto de los españoles.