Camioneros en huelga

Mandar policías y no negociadores a las protestas de los camioneros no parece el mejor modo de resolver el conflicto planteado por el llamado Comité Nacional del Transporte por Carretera. Al contrario, tiende a exacerbarlo si, al tiempo, el Gobierno solo muestra voluntad negociadora con quienes no convocan el paro, por mucho que teóricamente representen a las asociaciones mayoritarias de transportistas.

Nadie entiende que una supuesta minoría convocante sea capaz de paralizar las cadenas de distribución de mercancías y crear una situación que, según el Gobierno, hace necesario el envío de 24.00 agentes de las fuerzas del orden (16.746 guardias civiles y 7.122 policías nacionales)

¿Tanta molestia por la capacidad movilizadora atribuida por Moncloa a un pequeño grupo de “fachas”?

Lo indiscutible en el terreno de los hechos tangibles es que el conflicto está creando graves problemas de desabastecimiento (la industria láctea está paralizada en un 70%, por hablar de un producto de primera necesidad) y, en consecuencia, afecta gravemente al consumo de las familias. No sólo. En kilómetro cero también afecta a los procesos de fabricación. Es lógico, pues si no hay salida para las mercancías tampoco tiene sentido producirlas en origen.

Las derivadas políticas ya circulan en el proceloso mundo de chispeantes contertulios y finos analistas. Los más audaces han recurrido a los manuales del siglo XX -desempolvados estos días por cuenta de la guerra de Putin en Ucrania-, para establecer el imposible paralelismo de la huelga de camioneros en España, que ya va por el quinto día, con la subversiva huelga patronal del transporte contra el Gobierno socialista chileno de Salvador Allende en octubre de 1972.

No conviene malversar el valor de las analogías históricas como método para descifrar el presente. Pero en ese error no solamente incurre el activismo mediático. El propio Ejecutivo que preside Pedro Sánchez da cuartos al pregonero cuando apunta a perversas fuerzas desestabilizadoras que “intentan someter al país”, en palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. “Y no lo vamos a consentir”, añade.

Ese enfoque del conflicto lo convierte en un problema de orden público. Otros creemos que lo ocurrido, sumado a lo que puede ocurrir este fin de semana con las protestas del sector agrario, nos pone en la pista de algo mucho más grave: al Gobierno de Sánchez se le está viviendo encima la España real.

Nadie entiende que desde los despachos del oficialismo se despache el asunto culpando al “odio de la “ultraderecha” el paro de los transportistas y la acción de los piquetes informativos. ¿Eso es todo lo que Moncloa tiene que decir sobre el problema?