Acabar con la corrupción

La corrupción es el cáncer que devora la credibilidad de los políticos y arruina la fe en el sistema democrático. Los casos recurrentes de corrupción fechados en Andalucía (gobernada por el PSOE) o en Valencia y en Baleares (gobiernos del PP) son tan escandalosos como recurrentes. En algunos medios de esas comunidades, los criterios por los que los casos de corrupción son asunto de portada o un suelto en páginas interiores son eslabones del mismo escándalo. La politización de la justicia es otra de las concausas que determinan el mayor o menor impacto social de los casos de corrupción. Cuando jueces y fiscales hurgan en la trastienda de tal o cual consejería por una caso de presunto manejo fraudulento de caudales públicos o de tráfico de influencias se pone en marcha la máquina de picar carne que se ceba en el juez y en quienes quieren que los corruptos paguen por sus conductas delictivas o malas prácticas. Por ese camino vamos mal y, siendo cierto que tenemos un gran problema con la crisis y el insoportable nivel de paro, desde el punto de vista de la salud moral de nuestra sociedad no es menor la gravedad que se infiere de los abundantes casos de corrupción. Casos que, salvo honrosas y esforzadas excepciones, saltan a la picota en las portadas en razón de sus afinidades políticas: solo ven y titulan sobre el escándalo que afecta al partido contrario pero disimulan los pufos en los que andan metidos los del partido amigo. Vamos mal porque la corrupción es el heraldo que delata el mal gobierno. No es casualidad que los mayores índices de paro registrados en las comunidades autónomas se corresponden con aquellas en las que se conocen más escándalos de corrupción. Acabar con el déficit es urgente, pero acabar con la corrupción y con quienes la toleran, es prioritario. Para esa tarea no necesitamos ni la ayuda de Bruselas ni el permiso de la señora Merkel.