Ley de Memoria Democrática

El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la ley de Memoria Democrática. Al igual que la anterior de 2007, llega con mucho ruido y confusión sobre algunos de sus aspectos. La finalidad de esta ley es seguir profundizando en el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra de España y la Dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Y esta es una de las polémicas que se han creado alrededor de la ley. Desde diversos frentes se ha señalado que el texto aprobado ponía en jaque la Transición y el pacto constitucional, pero nada más lejos de la realidad. En su primer artículo se dice expresamente que el objeto temporal de la ley va desde el 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigencia de la Constitución que nos rige en 1978. La confusión interesada viene por la tergiversación de la disposición adicional decimosexta, que establece la creación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que habrían luchado por la democracia una vez iniciada la senda constitucional entre 1978 y hasta 1983. Solo había que darle una lectura pausada a la ley para observar que no es cierto que este texto ponga en cuestión la transición democrática ni desmerezca el pacto constitucional, al que ensalza y reconoce como fundamental para dejar atrás la dictadura.

Polémicas aparte, esta ley da un paso importantísimo en el reconocimiento y la reparación personal de las víctimas de la guerra y la dictadura, pero sobre todo, es un avance extraordinario en la definitiva búsqueda de las personas desaparecidas. Desde su entrada en vigor, el Estado español es el responsable de la búsqueda de los desaparecidos durante el periodo bélico y la dictadura. Y eso es lo realmente fundamental. Hemos vivido ya casi 44 años en democracia y es inadmisible para una Estado democrático de derecho que siga habiendo alrededor de 30.000 desaparecidos y 25.000 restos mortales que recuperar de las fosas comunes. Corregir esta situación es lo más importante de esta nueva ley. Hasta ahora, el problema había quedado para la iniciativa de familiares y asociaciones. Eran éstas las encargadas de iniciar las exhumaciones. Pese al trabajo encomiable y respetuoso que han llevado a cabo era claro que esta no era su misión. A éstas les faltan capacidad y recursos para llevar a cabo los trabajos en un tiempo razonable. Las familias necesitan rapidez, compromiso y que sea el propio Estado el encargado de las exhumaciones. Ese es su deber.

España es un país con un importante déficit de políticas públicas de memoria. La particular trayectoria española en el siglo XX, con una larga dictadura y un dictador falleciendo en su cama, ha retrasado la normalización de un relato común sobre nuestro pasado. Debemos valorar la ley por lo que dice y no por los pactos o acuerdos que la han facilitado, porque incluso ERC se queda fuera por querer ir más allá de la Transición y la monarquía. Esta ley recibe los apoyos que recibe porque la derecha se posiciona sistemáticamente en contra de cualquier política memorialista y se niega a un pacto de Estado sobre Memoria y a las políticas de reparación.

Con esta ley, el llamado “deber de memoria democrática” llama a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse, y tiene por objeto preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo. Y en ese compromiso debemos encontrar el camino del consenso. Confío en que esta ley sea un paso decisivo para ello.