Hechos, no palabras

Septiembre empieza con el precio mensual de la electricidad más caro de la historia, con un IPC disparado por encima del 10 por ciento y con los precios de los carburantes en torno a los dos euros, casi el doble que hace un año. Hace pocos meses cuando se puso un tope al precio del gas, -”el mecanismo ibérico”, la “excepción ibérica”-, se nos dijo que rápidamente se notaría en la factura. Y se nota, pero al alza imparable. Y hace solo unas horas, cuando el IPC de agosto fue del 10,4%, tres meses ya por encima del diez por ciento, se nos ha vendido como “el inicio de la moderación”. “Ha bajado cuatro décimas” se ha dicho. Las palabras pueden encerrar todas las mentiras. La perversión del lenguaje es una forma de la mentira. Por eso, es la hora de los hechos. 

Está bien que los líderes políticos hablen, discutan, propongan iniciativas y las normas y las leyes se hagan con las mejores propuestas de todos. En tiempos de crisis, y éste lo es en grado sumo, eso es aún más importante. Es lógico que el Gobierno lleve adelante su programa, pero gobernar para todos significa escuchar y tener en consideración al resto, especialmente si ese resto es, arriba o abajo, la mitad de la población. El Parlamento es, en estos momentos, una sucursal del Ejecutivo, que es, de alguna forma, lo que también se pretende con el Poder Judicial. El Congreso y el Senado no son cámaras de debate sino de trámite. Todo se decide y se pacta fuera de las cámaras. Lo demás es un trámite. Sería bueno tener ahora -y no solo en vísperas electorales- un debate en televisión, sin corsés, entre quien gobierna y quien puede gobernar en el futuro, para saber qué medidas concretas propone cada uno para sacar al país de la crisis creciente que nos acosa. Y no solo sobre la economía que, ahora mismo, es el problema más grave que afecta a los ciudadanos. La política, lo dijo no hace mucho Begoña Villacís, ya es un reality show. No hay candidatos, hay concursantes”.

Este gobierno utiliza las palabras para enmascarar los hechos. El derecho constitucional a la vida lo han transformado en un “derecho” al aborto. La ampliación de la ley del aborto se camufla como “ley de salud sexual y reproductiva” y otorga el “derecho a decidir”, que se niega en otros casos, a niñas de 16 y 17 años sin la consulta ni el apoyo de sus padres, implanta una educación sexual no consensuada con los padres en todas las etapas educativas y suprime los tres días de reflexión entre la decisión y la realización del aborto. Este Gobierno que no apoya a las familias ni a las mujeres que sí quieren tener hijos, da todas las facilidades para abortar. Este Gobierno garantiza “con todos sus medios” que en todos los hospitales públicos se realicen abortos y obliga a los médicos que ejerzan la objeción de conciencia, un derecho constitucional, a inscribirse en un registro público, pero es incapaz de controlar que en los centros educativos públicos en Cataluña se cumplan las leyes y, por supuesto, no creará un registro público de los centros, directores escolares y profesores que las violan.

Tenemos que ir a los hechos: detener ya el deterioro económico, bajar la inflación, detener la subida de los precios de la electricidad bajando los enormes impuestos que incorpora, ayudar a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios a soportar los costes crecientes y a mantener los empleos en riesgo, ayudar a las familias a soportar lo ya casi insoportable. Lo otro son palabras y esas no conducen ahora a ningún sitio. Sobran profetas de la palabra que hoy dicen una cosa y mañana la contraria. Como decía Montesquieu, “los predicadores lo que no saben en profundidad lo dan en longitud”.