El Gobierno de Moreno Bonilla ha comenzado a implantar en nuestra provincia el modelo sanitario de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con las consiguientes y nefastas consecuencias que ya conocemos: consultorios sin médicos, donde hay días en los que solo atiende el personal de enfermería, como está ocurriendo en Líjar y Chercos; o centros de salud como el de Benahadux, donde un solo médico ha atendido las urgencias destinadas a 30.000 personas de la comarca del Bajo Andarax, tal y como han criticado los usuarios que han acudido en estos días al centro.
De esta manera, el Partido Popular que gobierna en Andalucía ha comenzado a trasladar a la sanidad pública de nuestra provincia el modelo Ayuso, y lo está haciendo sin medias tintas, cargándose un sistema que no le preocupa ni le interesa para, de esa manera, beneficiar a la sanidad privada, que ve en la atención primaria una nueva y jugosa oportunidad de negocio.
Con lo que no cuenta Moreno Bonilla es con la contestación social que comienza a larvarse entre los usuarios de la sanidad pública, que están viendo cómo se está desmantelando un servicio esencial ante sus ojos, especialmente en el mundo rural, donde existe una mayor población vulnerable.
Garantizar la igualdad en el acceso a unos servicios públicos de calidad es, por lo tanto, de justicia, pero también la manera de luchar contra el fenómeno de la despoblación. Por eso, es prioritario que el Gobierno andaluz revierta estos recortes y atienda las necesidades de los vecinos y vecinas de todos los municipios afectados.
En todo caso, lo más urgente en este momento es que el PP garantice la continuidad de los 12.000 sanitarios que acaban contrato este mes. Sería una temeridad que en un momento como el que estamos viviendo, con la precariedad que soporta ya el sistema y en plena ola de contagios de virus respiratorios, el Gobierno de Moreno Bonilla no renueve a estos profesionales.
Conviene recordar que la atención primaria necesita en nuestra provincia en torno a 500 profesionales más, según han trasladado los sindicatos sanitarios, que también han denunciado que hay facultativos en la provincia con más de 2.300 pacientes en cartera. Además, el Consejo General de Enfermería sostiene que Almería es una de las provincias con menor ratio de enfermeros y sitúa su déficit en 2.500 profesionales.
La situación, por lo tanto, no admite ninguna discusión. En la mano del PP, del presidente Moreno Bonilla y de su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está la solución para reforzar como es preciso la sanidad pública o, por el contrario, seguir el mismo camino de Díaz Ayuso.
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