Cuatro años han bastado para cuestionar los adjetivos negativos aplicados a la España de la despoblación. Ni España vacía, ni España vaciada. Mejor, España Rural Viva. Aquella manifestación en Madrid ( 31 de marzo de 2019) fue punto de arranque de una movilización que terminaba con décadas de ignorancia de las Administraciones -salvo la local- y de los medios de comunicación nacionales, solo pendientes de la realidad urbana.
Estamos ante un punto de inflexión. Se ha constatado en el IV Congreso de Despoblación y Reto Demográfico organizado por la FEMP. El camino de la recuperación tan solo se ha iniciado y ni siquiera es así en toda España. Sigue el goteo de salidas hacia las ciudades; e incluso hay más de veintisiete capitales de provincia que pierden población. Pero, como dice Frances Boya, secretario general de Reto Demografico, “solo se salvarán aquellos pueblos que tengan proyecto”.
Se estudian beneficios fiscales para los residentes en la España rural porque tienen los servicios más lejos y porque su presencia allí es una garantía para el mantenimiento medioambiental de un país profundamente desequilibrado territorialmente: el ochenta por ciento de los españoles vive en sólo el veinte por ciento del territorio.
Un anuncio del Gobierno estimula el ánimo: a través de Hispasat ya se tiene acceso a Internet de alta velocidad con subvención directa para instalar equipo y costear la factura mensual.
Reconforta seguir un Congreso así porque se respira consenso institucional. Ese consenso es garantía de avance: a ver quién se opone a la aprobación de leyes tan demandadas. “En estos años se cayó el complejo de ruralidad, de ser de pueblo. Ahora hace falta que las leyes y las normas se aprueben después de ser examinadas con una lupa rural”, afirma Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca. Estamos entrando en un tiempo nuevo. Hay muchos problemas, sí, pero también esperanza.
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