Con la firma del Partido Popular

El Gobierno andaluz ha estado derivando dinero público durante dos años a la sanidad privada al margen de la legalidad, sin control ni fiscalización alguna, acogiéndose para ello a un Real Decreto ley ya derogado. Mediante ese procedimiento, la Junta podría haber desviado más de 200 millones de euros a la sanidad privada de manera opaca.

El marco normativo que permitió, -en lo peor de la pandemia de la covid-19-, adjudicar contratos a las comunidades autónomas, sin necesidad de atender todos los trámites de contratación con los que cuentan las Administraciones Públicas, finalizó en mayo de 2021. Sin embargo, el Gobierno andaluz continuó contratando con clínicas privadas sin la necesaria concurrencia competitiva y publicidad, saltándose la legalidad de manera manifiesta. 

Hasta que le han pillado, hasta que se ha sabido y, a partir de ahí, todo han sido injustificables justificaciones, el Partido Popular ha hecho y deshecho en la Junta a su antojo. De esa manera, el dinero público ha corrido a raudales hacia la sanidad privada, mientras que la sanidad pública ha ido sufriendo una evidente falta de financiación que, a su vez, ha conducido a un grave colapso del sistema, con profesionales exhaustos y usuarios esperando lo indecible para ser atendidos.

La provincia de Almería, con unas de las listas de espera para las especialidades hospitalarias más altas de toda Andalucía, sabe muy bien hasta donde ha llegado este destrozo programado de la sanidad pública. El Ejemplo más significativo lo encontramos en el hospital La Inmaculada, en Huércal-Overa, donde las listas han crecido un 80% en los años de gobierno del Partido Popular en Andalucía, fundamentalmente porque existe una alarmante falta de recursos y de profesionales sanitarios.  

El desvío de dinero público a la privada de manera irregular tiene que acarrear más pronto que tarde la asunción de responsabilidades por parte de quien ha consentido que se continúe, cuando ya no era posible, con ese procedimiento. Entre tanto, el Gobierno andaluz debe también retirar de inmediato su orden de conciertos sanitarios, ya que los andaluces y andaluzas no estamos dispuestos a permitir que pongan precio a la atención primaria.

Moreno Bonilla está destrozando la sanidad pública con el fervor de quien sabe que la derivada de su cruzada tiene un efecto multiplicador en los beneficios de la privada, auténtica agraciada de todos los tejemanejes del Partido Popular en Andalucía y de otras comunidades donde gobierna. Es su ‘modus operandi’, su firma más reconocible.