Nada es gratis. Tampoco en política. Los activos de los graneros electorales no son propios sino prestados. Pueden ser recuperados por los ciudadanos en cualquier momento; especialmente si tienen dudas sobre si la entidad depositaria gestiona bien, o si puede entrar en crisis. Dejar sin taponar tanto tiempo la salida de los violadores de las cárceles -rebajas de pena o excarcelaciones- para no contrariar a las ministras socias de Podemos obstinadas en culpar a los jueces de una ley con goteras, tiene un alto coste. Acaso el domingo se le pasó al cobro al PSOE esa factura. Pagó desperfectos ajenos en parte por su intervención tardía.
Tener compañías complejas no es recomendable. A veces es inevitable para sacar leyes adelante, como la de la Vivienda. Pero es clave la fiabilidad de los socios ocasionales de viaje. Incluir en las listas electorales a más de 40 etarras, seis de ellos con delitos de sangre, como hizo Bildu, es, como dijo Pedro Sánchez, una “indecencia” ante las asociaciones de víctimas del terrorismo y ante toda la sociedad. Pero seguramente representó otra línea a sumar en la factura que han pagado los socialistas por cuenta de desatinos ajenos.
El domingo 28 de mayo España cambió radicalmente de color político. Setecientos mil electores socialistas se quedaron en casa, seguramente disconformes con el Gobierno de coalición más que con sus alcaldes y presidentes de autonomías que, al final, pagaron la factura. Ciudadanos desapareció en las urnas y Podemos se difuminó también en casi todos los Parlamentos autonómicos y en las grandes ciudades. Con pocos diputados y sin apenas concejales. A veces por una décima, como en Madrid. Pero se impone la reflexión sobre lo sucedido; y lo que pueda venir en las elecciones anticipadas en julio. Se asentó, como otras veces, la idea de que el electorado lo aguanta todo, ocurrencias y excentricidades incluidas. Pues ya se ha visto que no. Lo penaliza. Nada es gratis.
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