De fraudes u operetas

Si hoy la mitad de jóvenes menores de 25 años no tienen acceso al mercado laboral, la situación para los mayores de 50 con cargas a su cargo se ha tornado aún más crítica. En su protección ayer supimos que el Gobierno ha endurecido las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y ha aprobado que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.
Así consta en el plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social, que amplía el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años, tal como se ha modificado en el Código Penal.
El plan adopta medidas sobre las prejubilaciones, entre ellas que los convenios colectivos no podrán fijar una edad de jubilación obligatoria, endurece las sanciones ante la percepción indebida de prestaciones públicas con ocasión de despidos colectivos y supone importantes modificaciones legales en el Código Penal y en el Estatuto de los Trabajadores.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se refirió ayer a la creación de empresas "ficticias" para "dar de alta a trabajadores que no hacen nada y que luego perciben prestaciones", o empresas que no dan de alta a sus empleados en la Seguridad Social.
En Andalucía, lamentablemente, tenemos ejemplos al respecto. Ya son tres las personas que han ingresado en prisión por la concesión fraudulenta de fondos públicos para empresas en crisis. Al ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo, le siguió el martes el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández.
La juez instructora del caso, Mercedes Alaya, considera al ex consejero responsable intelectual del convenio que amparó la concesión de ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria, dado que en el momento de la firma, Antonio Fernández era viceconsejero de Empleo y presidente del organismo público que las otorgaba, y considera que por tanto era conocedor de que muchas de esas ayudas públicas se daban para uso personal.
La Junta de Andalucía se personó tardíamente en la causa, pero el gobierno andaluz ha mantenido siempre que toda la responsabilidad acababa en el ex director general de empleo, que dependía a su vez del ex consejero.
Al respecto se pronunció ayer el secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, tras haberlo hecho el martes la consejera de la presidencia y portavoz de su gobierno, Mar Moreno, y el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, que considera "absolutamente radical" que la juez haya ordenado el ingreso en prisión sin fianza del ex consejero y califica de "opereta" el caso de los expedientes de regulación de empleo y las actuaciones del propio juzgado. Griñán, que también habló de "trampas procesales", cerraba filas recalcando que considera "desproporcionado" el ingreso en prisión de Fernández.
La privación de libertad es una decisión que requiere una certeza incuestionable. ¿Cómo tildar de ligera una deliberación tan delicada? La línea que separa la decisión de un juez de dejar a un imputado en libertad o de privarlo de ella no es nada estrecha cuando se trata de los delitos por los que se juzga al ex consejero.
Las declaraciones de Moreno, Pastrana y Griñán constituyen una afrenta inaceptable al Estado de Derecho. Arremeter contra la decisión fundamentada de privación de libertad, de decretar prisión preventiva, tomada por un magistrado es de las mayores irresponsabilidades que puede verbalizar un cargo público.