La incertidumbre domina España. Celebramos elecciones el 23 de julio. No se logró formar gobierno el 23 de agosto, ni el 23 de septiembre, ni el 23 de octubre. Quizás se logre antes del 23 de noviembre. De no ser así, repetición electoral. Todo se resolvería si el sistema electoral, en lugar de ser parlamentario, contemplara una segunda vuelta. O Sánchez o Feijóo; votación quince días después. Como en Francia, Argentina o Dominicana. Se acabaría el eterno “gobierno en funciones” y los chantajes de minoritarios que emplean su condición de imprescindibles en la suma de 176 diputados -la mitad más uno del Congreso- para imponer condiciones que pueden vulnerar la Constitución.
No todos ejercen igual esa fuerza relativa, sin duda, pero todos tienen derecho a la acción política. España es un país plural, democrático y tolerante. No son ilegalizados, ni perseguidos los que proponen la independencia, incluso ni los que defienden un sistema anti democrático, si no utilizan violencia o coacciones. No es así en otras latitudes.
Pero el límite debería estar en que no se pueda detener un país solo por poseer una pequeña llave parlamentaria. Cierto es que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez sigue actuando - con el convencimiento optimista de que renovará mandato- y apenas ha reducido su velocidad de crucero. Pero tanta provisionalidad ya empieza a pasar factura con el aumento de la incertidumbre por anuncios políticos demagógicos y desprecios a posibles concesiones, incluso las discutibles. “La amnistía no es nada; solo el punto de partida”, rivalizan en declaraciones algunos independentistas. “La amnistía ya se da por descontada”, escriben crónicas susurradas por los mismos. Y, con eso, la amnistía se hace bola jurídica difícil de tragar en instancias judiciales y en sectores de la opinión pública, al entender que eso es poner el contador a cero para nuevos desafíos.
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