Estamos judicializando la política o politizando la justicia

Los ciudadanos estamos muy preocupados por los continuos comentarios que señalan una politización de la justicia o una judicialización de la política. Se habla con frecuencia de la actuación de los políticos para manejar y controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, o de las acciones que llevan a cabo determinados jueces para interferir en la actividad de los políticos. En un Estado de derecho como el que existe en España, es imprescindible, para que haya una buena salud democrática, que exista y se defienda la independencia de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El artículo 159.3 de la Constitución establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres, y el artículo 568 de la Carta Magna, indica que los del Consejo General del Poder Judicial lo harán cada cinco. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, son los encargados de garantizar que se realicen estas renovaciones, algo que no han cumplido en los últimos años. Los principales responsables son los dirigentes políticos y, sobre todo, los de los dos partidos mayoritarios: Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español.

Estamos viviendo momentos críticos con el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts Per Catalunya y Ezquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para investigar el supuesto “lawfare” o judicialización de la política. Todas las asociaciones judiciales de España mostraron su rechazo alegando que “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. Para los firmantes del escrito: “Los jueves han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117,1 de la Constitución”, remarcando que ese punto de ese acuerdo no era aceptable porque se traslucía una posible desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, se concluía en un comunicado firmado el pasado 10 de noviembre por todos los Jueces Decanos de España.

Por su parte, los socialistas en palabras del ministro de la Presidencia del ejecutivo saliente, Félix Bolaños, matiza que, con estos acuerdos, en ningún momento se intenta atentar contra la separación de poderes y que, la creación de comisiones de investigación en el Parlamento, nunca podrían alterar las decisiones adoptadas por un juez. 

Hay que huir del alarmismo y rechazar las afirmaciones que apuntan a que detrás de estos acuerdos prevalece un golpe de Estado contra las instituciones, y tampoco a las que aseguran que, los críticos contra estos pactos también buscan desestabilizar España. Cuando un parlamento está muy fraccionado y ningún partido político consigue suficientes escaños para disponer de una mayoría holgada para gobernar, debe hacer uso de estos mensajes filibusteros que buscan sabotear las propuestas de las otras formaciones políticas.

Quizás, habría que preguntarse, si el interés final es normalizar la situación en Cataluña. También, si la respuesta judicial durante el “procés” fue proporcionada, y si las calificaciones: primero de rebelión, y luego, de sedición, no eran exagerada para lo que pasó realmente, una situación de sistemática desobediencia por parte de las instituciones catalanas y algunos desordenes públicos. La falta de diálogo impidió la vía del acuerdo político, que llevó a una confrontación política, que terminó llegando al ámbito judicial. La judicialización de la política terminó produciendo la politización de la justicia.

Hay que defender al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial como instituciones del Estado cuya prioridad es servir al interés general, y dejar claro que no están al servicio de los partidos políticos. Hay que separar política y justicia, renovar el CGPJ, para permitir elegir a los magistrados que faltan en la Audiencia Nacional y en el Supremo para dejar claro que España es un Estado de derecho consolidado, donde funcionan bien las instituciones.