Hoy se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es evidente que su existencia ha hecho de este mundo un lugar mejor y más igualitario. Pero, casi en la mitad del primer cuarto del siglo XXI, nos damos cuenta de su fragilidad y nos encontramos con graves problemas que debemos evitar. En Almería, como en el resto de España y el mundo, hay que buscar soluciones para combatir las desigualdades económicas y sociales. Esta es la provincia que registra la renta per cápita más baja del territorio nacional, con una cuarta parte de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. También encontramos múltiples obstáculos para las personas refugiadas e inmigrantes que buscan o llegan a España huyendo de conflictos armadas, de la represión, o del hambre y la pobreza. Es evidente que se necesita mano de obra extranjera para mantener los principales pilares de la economía almeriense: la agricultura, la minería, la construcción y el turismo. Aquí, es difícil negar la existencia del cambio climático, con constantes olas de calor, altas temperaturas y, cada vez, más escasez de agua. El área mediterránea es la región de la península que se está calentando a una velocidad más rápida y puede poner en riesgo de destrucción el modelo almeriense.
La lucha contra la violencia de género o la violencia sexual es otro de los temas sobre los que no podemos bajar la guardia. Almería lidera el ranking en Andalucía en el número de dispositivos activos del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género con más de 2.500 mujeres incluidas en este sistema Viogén. El 7 de agosto una mujer era degollada en el barrio de Pescadería y el 8 de enero otra era estrangulada en Roquetas de Mar.
Para garantizar la protección de los derechos humanos, desde Amnistía Internacional creemos necesario llevar a cabo una reforma de la Constitución para que se considere fundamental el derecho de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación; para acercar sus planteamientos a los tratados internacional de derechos humanos ratificados por España, y así evitar que sus principios se vean comprometidos por crisis económicas y otras situaciones excepcionales. Además, se debe trabajar por eliminar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Social Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, que atenta en nuestro país contra la libertad de expresión y asociación, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en el año 2015 junto a la reforma del código penal; y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas del Franquismo.
También es importante actualizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos para tener en cuenta las nuevas relaciones globales entre los ciudadanos, los Estados y las grandes corporaciones multinacionales, para tener planteamientos claros que den batalla dialéctica y jurídica a los discursos populistas y a las amenazas que los avances tecnológicos presentan a la libertad de expresión.
Desde Amnistía Internacional somos conscientes del reto que tenemos delante y lanzaremos a principios de 2024, un proyecto de actualización de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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