Un pensionista no es un prestamista

En solo seis meses la sanidad ha pasado de ser el servicio público mejor valorado en las encuestas del CIS a convertirse en una de las cuatro principales preocupaciones de los ciudadanos. Un hecho, una realidad lamentable y preocupante, que debería hacer reflexionar a Rajoy, a un presidente de Gobierno que se ha empleado como ninguno en poner el mundo del revés. Por un lado rescata bancos y por otro le pide dinero prestado a los pensionistas.

Este cambio tan brutal en la percepción de los ciudadanos tiene una explicación de sentido común: el Gobierno del Partido Popular, ha mentido, ha engañado a los ciudadanos. Les dijo que recortaría en todo menos en pensiones, sanidad y educación y el tiempo que da y quita razones, poniendo a cada uno en su sitio, lamentablemente ha demostrado que mentían, que estaban engañando a los ciudadanos. Y con los recortes en materia de sanidad lo hacían doblemente, porque no solo tocaban la Sanidad sino también las pensiones.

Desde el pasado domingo ya es una triste realidad  en nuestro país la imposición de un nuevo impuesto, el impuesto a la enfermedad, que llevará a los pensionistas a pagar por primera vez por los medicamentos que consuman. Un impuesto que tendrá una segunda fase de implantación, en este caso para todos, con el pago del 100% del importe de 425 medicamentos de uso frecuente que eliminan del Sistema. Las clases medias trabajadoras y los pensionistas vuelven a ser nuevamente los principales afectados por las decisiones del gobierno de España que no solo les miente sino que además les castiga metiéndoles la mano en el bolsillo, reduciendo su renta disponible y convirtiéndolos en prestamistas. El caso de los pensionistas es especialmente sangrante, porque no solo les obligan por primera vez a pagar por las medicinas, sino que además con ello, en realidad, están llevando a cabo una bajada de pensiones de manera encubierta.

Me contaba una persona mayor  que tiene unos discretísimos ingresos, que sí, que le subieron la pensión un 1% para a renglón seguido subirle los impuestos, entre ellos la contribución urbana. Se queja, con razón, de que ahora le hacen pagar 8 euros al mes en la farmacia,  le obligan a pagar al 100% una relación de medicinas que usa normalmente y le suben la luz y el butano, con lo cual se ha encontrado que en realidad no le han subido la pensión sino que se la han bajado de manera considerable.

Desde Andalucía le hemos dicho y se lo vamos a seguir diciendo y demostrando a este Gobierno del PP que hay alternativas diferentes a lo que hace, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se podría ahorrar y dejar las cosas como estaban con medidas como la subasta de medicamentos o la creación de un impuesto a las grandes fortunas; que en Andalucía los pensionistas son  pensionistas aunque ahora para Rajoy los pensionistas tengan que ser también prestamistas.

Una prueba de que las cosas se pueden hacer de diferente manera es que en Andalucía, los pensionistas no pagarán ni un céntimo más de lo que Rajoy les obliga a pagar.

Desde Andalucía somos respetuosos con las instituciones y con las normas que de ellas emanan, y por eso nos vemos obligados a aplicar este sistema que no nos gusta, que rechazamos, pero que nos impone el gobierno de Rajoy. Esto, sin embargo, no nos impide recurrir la reforma sanitaria ante el Tribunal Constitucional porque estamos convencidos de que esta reforma, en la forma y en el fondo, vulnera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Pero sobre todo vulnera la justicia social y la igualdad en el acceso a un servicio público esencial, algo socialmente intolerable.