Las preferentes, a la justicia

Habrán de ser jueces españoles los que dictaminen si el Gobierno puede entregar los ahorros de cientos de miles de compatriotas a los prestamistas extranjeros. Sobre los estafados por las Participaciones Preferentes y otros oscuros productos financieros que se comercializaron indebidamente, pesan no sólo las consecuencias del quebranto económico y moral de no poder disponer de su dinero en estos tiempos atroces, sino que ahora pende también la amenaza del Gobierno de arrebatarles la posibilidad de recuperarlo íntegro algún día, pues los dichos prestamistas extranjeros quieren cobrarse las deudas con el patrimonio de los particulares que entregaron sus ahorros a unas Cajas para su custodia.   Jueces españoles habrán de discernir si el Gobierno puede complacer a sus prestamistas mediante la modalidad de despojar a los españoles de sus bienes. Lo discernirán desde la Justicia y el Derecho no desde el patriotismo o la empatía con sus paisanos, pero ello habrá de ser aún más beneficioso para las víctimas, pues la verdad y la razón están de su parte. 

Frente a esos jueces se hallarán ciudadanos con ningún antecedente de especulador financiero, de inversor profesional o de co-propietarios de un banco, que es en lo que el Gobierno y sus prestamistas pretenden ahora convertirle, sino con la pinta de lo que verdaderamente son: clientes de Cajas de Ahorro de toda la vida. A la Justicia española le bastará con ser Justicia para socorrer y amparar a cuantos el Gobierno pretende rematar tras las brutales lesiones inferidas en su dignidad, sus derechos y sus bienes por una Banca ful y descontrolada.