Prohibido enfermar

Dice un primo mío de sabia filosofía que los médicos son para el invierno, que ahora no hay que molestarles ni dejar que te molesten. Lleva algo de razón mi pariente en su planteamiento, pero tal y como está el patio sanitario en la provincia yo voy más allá. Desde esta  pasada semana los vecinos de cinco municipios de Los Vélez y del Almanzora –Albanchez, Chirivel, Oria, Serón y Vélez Blanco-  y los de media docena de localidades de otras comarcas almerienses- Abla, Canjáyar, Tabernas, Cabo de Gata, Sorbas y Campohermoso, en Níjar- deben abstenerse de enfermar y, mucho menos, de aquejarse de dolencias que precisen su traslado en las ambulancias  de transporte urgente sanitario del Servicio Andaluz de Salud, de la empresa concesionaria M. Quevedo.  La pérdida de calidad asistencia que nos azota, eufemísticamente llamada recortes, ha afectado a este servicio básico y prioritario en las urgencias de los municipios citados. Con el argumento de la reducción de  la dotación presupuestaria de la administración sanitaria, la empresa concesionaria ha modificado el sistema de trabajo de sus conductores que ya no tienen presencia física en las dependencias sanitarias, como ocurría hasta ahora, sino que sólo deberán estar localizados telefónicamente y en caso de ser requeridos habrán de personarse en los centros respectivos. Esta personación tiene una estimación temporal de veinte a treinta minutos, con el irreparable perjuicio que la prestación del servicio puede ocasionar en la salud maltrecha de los pobrecitos usuarios que tengan la desgracia de enfermar y precisar el traslado a cualquier hospital cercano, lo que ya, de por sí, con las “confortables y rápidas” carreteras que tenemos, es un reto y una odisea. 

Se supone que la decisión en cuanto a la selección de centros  no ha sido tomada unilateralmente por la empresa concesionaria, sino que algo habrán tenido que decir los responsables de la administración sanitaria. La medida atenta contra derechos básicos, es discriminatoria, innecesaria –que se recorte en otros servicios menos prioritarios-, e inoportuna –se ejecuta en un periodo en el que se duplica la población residente en los pueblos afectados-. Ya se han levantado voces de protesta, pese a que la indolencia de los usuarios almerienses parece ilimitada.  Es evidente que la decisión de prescindir en los centros de salud de la presencia in situ de los conductores, que además ejercen una reconocida labor auxiliar,  no supone la supresión del servicio en dichos centros, pero sí una drástica merma en las garantías y en la calidad asistencial de muchos miles de almerienses, a todas luces rechazable y que bien debiera sopesar el nuevo responsable sanitario en la provincia. A no ser que se pretenda la prodigalidad de quejas y denuncias judiciales por las previsibles negativas consecuencias de la medida, o que los ediles de los municipios perjudicados, como ya ha ocurrido en otras ocasiones y lugares, se vean obligados a emitir bandos con el encabezamiento “prohibido enfermar”. Menos mal que no se iba a tocar la sanidad.