Oscureciendo lo turbio, esclareciendo lo oscuro

Si difícil resultó a la juez Mercedes Alaya que el Gobierno Andaluz le entregara la documentación que le requería en la investigación judicial de los falsos ERE, no menos inaccesible está resultando a los miembros de la comisión de investigación en el Parlamento recabar la información que precisan. 

Buscando indicios del fraude, el PP pidió al gobierno autonómico que le facilitara los boletines oficiales donde se publicaron las ayudas concedidas con cargo a las partidas 22E y 31L -la conocida como -fondo de reptiles- y sus convocatorias, pero la Junta ha contestado por escrito: "No es posible atender esta petición al no existir constancia de dichas publicaciones". 

De modo que lo que parecía turbio parece estar resultando oscuro. La Junta ha certificado que ninguna de las ayudas se publicó en el BOJA: se dieron 1.500 millones sin publicidad ni concurrencia, sin control previo ni posterior.

La comisión de investigación arranca el 21 de agosto y, entre las comparecencias, la del que fuera viceconsejero de empleo entre 1995 y 2004 y consejero hasta 2011, Antonio Fernández, imputado en el caso de los ERE fraudulentos y que ha pasado varios meses en prisión. Fernández, considerado por la juez uno de los principales responsables de la creación del -fondo de reptiles-, adujo que asistir mientras aún estaba en prisión habría supuesto un "daño irreparable" a su imagen pública, pues habría ido acompañado de escolta policial y, aunque en otros traslados no ha ocurrido, alegaba la posibilidad de ir esposado.

La juez ya trasladó su autorización para esta comparecencia y la del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, también imputado y en la cárcel, que podría obrar de igual manera, pese que el Código Penal refiere que aquellos que no acudan a la llamada de una comisión de investigación de las Cortes o de una Asamblea podrían incurrir "en un delito de desobediencia".

Durante el aún cercano período preelectoral en Andalucía, el PSOE se centró en el elogio de sus resultas, dando lecciones de sus logros y criticando las propuestas del nuevo gobierno central. Entre sus píldoras: que hay que saber leer los datos, pues no quedamos tan mal en el Informe PISA, y que fueron ellos los que destaparon el turbio asunto de los ERE. Como  leen.

El presidente Griñán se adjudicó el destape de los ERE cuando la posibilidad de no personarse como acusación habría resultado un notorio escándalo. La voz corrió entonces como un mantra al argumentario definitivo, y muchos pensaron que el asunto de los fraudes comenzaba a desvanecerse. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y la justicia cimbrando a los intocables, el cinismo terminó de instalarse. Y se propagó el comentario entre los alineados: lo de los ERE era ya flor de un día.

Pero algunas de las personas investigadas parecieron decididas a que la verdad se supiera: el ex Alcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta de Andalucía, declaró que en la Junta todo el mundo sabía de este asunto a nivel oficial. Su versión coincide con la del ex director general de empleo y con la de una funcionaria, asesora técnica de la dirección general, responsable de una de la nueve Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Huelva, a través de la que se canalizaban ayudas.

Criticaron los socialistas, por cierto, la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de conceder una moratoria de la energía renovable. Quizás convendría estudiar lo que han costa