La transparencia en los funcionarios públicos es conducta exigible en un sistema democrático. También lo es el respeto a las leyes que garantizan el secreto de los sumarios mientras un juez no declare lo contrario.
En el primero de los registros, la gira televisiva del comisario Serafín Castro, máximo responsable de la investigación del ´caso Bretón´, sería inobjetable. En atención al segundo, sería reprochable porque podría haber causado un serio perjuicio a la causa que a toda la sociedad interesa.
¿Por qué? Pues porque como ya ha señalado algún jurista, el comisario trasluce una "aversión manifiesta" hacia el personaje investigado. Sus declaraciones, llegado el juicio, podrían ser aprovechadas por la defensa para reclamar la invalidación de pruebas y testimonios. La conmoción que ha provocado la desaparición de los niños Ruth y José y, a juzgar por el vuelco dado por la investigación, su terrible desenlace, justifica sobradamente la demanda de información por parte de los ciudadanos. Es lógico que los medios hayan estirado al máximo el testimonio televisivo del comisario. Presencia en los platós autorizada por el Ministerio del Interior, sin duda, en la idea de compensar el fallo estrepitoso cometido por los investigadores policiales que hace ocho meses fallaron a la hora de establecer la naturaleza humana de los restos hallados en la finca de los Bretón. Informar de un crimen pone a prueba algo más que la exigencia de comprobar todos los datos conocidos; para un policía es, además, una exigencia de mesura puesto que en España todo procesado es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Incluso el monstruo que parece ser José Bretón.
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