El PSOE ha pedido a bancos y cajas de ahorros que hasta que se modifique la ley paralicen los desahucios ante la catástrofe social que están suponiendo los numerosos casos de desalojo que cada día se están produciendo en nuestro país. La brutal realidad de los acontecimientos hace necesario que ahora mismo lo urgente sea que primero pensemos en las personas y que después establezcamos todas las consideraciones que sean necesarias. Las iniciativas que en este sentido hemos estado poniendo sobre la mesa los socialistas han hecho reflexionar por fin al gobierno de Rajoy, que ha decidido sentarse a estudiar la forma de ayudar a quienes el desahucio de su vivienda les ha llevado a la exclusión, a la angustia y, desgraciadamente en algunos casos, a la muerte. Las cifras no dejan lugar a dudas. Los desahucios han puesto ya en la calle a cerca de un millar de familias en la provincia de Almería en el primer semestre del año y es el momento de parar, de acabar con esta lacra y situar la solución a este gravísimo problema en la máxima prioridad de la agenda política.
El ordenamiento legal rige la vida y convivencia de quienes estamos sujetos a él y debe, por tanto, adaptarse a la realidad social de cada momento. Creo, creemos los socialistas, que es de justicia y que las leyes así deben regularlo. El ciudadano atrapado en el desempleo y la pérdida de ingresos, en la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca y abocado a perder su casa, merece tener cuantas oportunidades podamos ofrecerle. El objetivo de la iniciativa del PSOE, por tanto, es conseguir que no haya más desahucios y que ninguna familia tenga que verse abocada a dejar su vivienda y encima a acarrear con una deuda que no puede liquidar. La experiencia diaria ha demostrado que la dación en pago, es decir, entregar la propiedad a la entidad bancaria en pago de la hipoteca pendiente, no es la solución porque lleva a la exclusión social. En muchos de los casos, la deuda ni siquiera se liquida con la entrega de la casa porque su valor de mercado es inferior al montante del préstamo.
Este gran paso que se acaba de dar para detener este drama debe significar, como base de todo, que de verdad se ataque de raíz el problema. Por eso hay que empezar por dar atención prioritaria a las familias en situación más vulnerable, como las que tienen hijos o mayores a su cargo. Vamos a estudiar medidas para beneficiar a las familias que ya han sido desahuciadas y hay que hacerlo desde la urgencia, sabiendo que la necesidad y la angustia de los afectados no admite dilaciones ni meses de reuniones.
El Decreto Ley o la Ley que, negro sobre blanco, exprese esta voluntad política tiene que estar, por lo tanto, en vigor cuanto antes y en eso el PSOE también estará a la altura de las circunstancias, instando al Gobierno de Rajoy a trabajar con eficacia. Por supuesto que no se trata de legalizar el impago o la irresponsabilidad de nadie. Lo que corresponde al legislador es devolver al Derecho, a la norma legal, su valor esencial de conjugar los distintos y legítimos intereses sociales de un modo justo, equitativo y proporcionado.
No olvidemos que son las medidas de la derecha en nuestro país las que están dejando sin empleo a cientos de miles de personas. El gobierno del PP aboca a las empresas a hacer despidos o invertir fuera, a los comerciantes a cerrar sus puertas y a miles jóvenes a buscarse un futuro más allá de nuestras fronteras. En este contexto, los desahucios son la consecuencia más dramática de un estado de las cosas que debemos de cambiar inmediatamente, impulsando leyes justas pero también exigiéndole al Ejecutivo de Rajoy un cambio de rumbo en la política económica y social que nos está conduciendo a un callejón sin salida.
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