Acabamos de presentar en la Diputación el Presupuesto 2013, marcado por las dos premisas inamovibles que marcan la responsabilidad institucional en estos momentos: el realismo y la austeridad. Hemos contenido los gastos de personal y se han reducido los corrientes al tiempo que se afianza la estabilidad presupuestaria.
Del mismo modo, hemos incrementado las partidas destinadas a protección social y hemos favorecido el fomento de empleo, subiendo las inversiones y las transferencias a los ayuntamientos. Como ha dicho nuestro presidente, Gabriel Amat, no ha sido fácil cuadrar este presupuesto porque ya llevamos cinco millones de euros en obras de emergencia por las inundaciones que hemos tenido que dotar y preparar al margen de cálculos iniciales. Pero el principal factor limitante que tiene este presupuesto es, una vez más, la no disimulada tendencia de la Junta de Andalucía a asfixiar económicamente a las administraciones en las que no gobierna el PSOE.
Los socialistas no ocultan su estrategia de sembrar de dificultades a las administraciones gobernadas por el Partido Popular, como bien saben los almerienses, en una actitud que contrasta poderosamente con el incremento de aportaciones del Gobierno central que ha subido un 6,8% sus fondos transferidos. Soy consciente de que el análisis de cualquier presupuesto es siempre objeto de interpretaciones partidistas que suelen ofrecer conclusiones enfrentadas, pero lo que resulta indiscutible es que mientras el presupuesto que ha presentado la Diputación se ha sometido al debate político desde la transparencia, la Junta de Andalucía ha optado por la ocultación y la indefinición al presentar unos presupuestos no provincializados. Me parece muy grave que los almerienses no puedan saber cuánto se va a gastar el año que viene la Administración autonómica en su provincia. Por mucho que digan los socialistas del carácter social de sus cuentas, no hay nada más antisocial que no explicar a los ciudadanos el cuánto, el cuándo y el dónde del gasto y reparto del dinero público.
Desde el PP apostamos por el rigor, por la austeridad y la eficacia en la gestión como únicas alternativas a los recortes sistemáticos del bipartito PSOE-IU y su manera de hacer recaer la ruina causada por sus derroches sobre las clases medias andaluzas. Desde el PP Andaluz estamos ofreciendo a la Junta soluciones realistas y comprometidas, y una gestión alternativa, eficaz y eficiente para dar cobertura y protección a los más desfavorecidos. Es posible una administración más eficiente desde la reordenación del sector público andaluz. Para ello, proponemos la supresión de nuevos recortes salariales a los empleados públicos como prevé hacer Griñán, ya que es posible ahorrar en conceptos como las empresas de la Junta o los entes instrumentales. Pero la Junta sigue instalada en el modelo de subvención de sindicatos, administraciones paralelas y asociaciones de amigos y familiares, que suponen un gasto insostenible.
Pero está claro que las prioridades de la Junta están en otros objetivos, porque mantiene 372 entes públicos, ya que sólo ha eliminado cinco frente a los 111 previstos y ha incrementado la administración paralela en un 37,2%. Y mientras, el dinero de los ERES falsos no aparece, no se devuelve y la rueda del descontrol y la incapacidad de gestión sigue girando. Después de sus presupuestos, nadie en el PSOE o IU puede pretender dar lecciones de austeridad o sensibilidad social.
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