Es triste pensar que aún hoy tengamos que estar debatiendo sobre derechos humanos esenciales de los que las personas deben gozar para vivir como seres humanos de pleno derecho; me refiero al empecinamiento del Gobierno de Rajoy de excluir del sistema público de salud a inmigrantes ‘sin papeles’, restringiendo su atención sanitaria al servicio de urgencias. La Declaración universal de los Derechos Humanos de la ONU, ya nos marca las líneas rojas que no debemos cruzar para respetar la libertad, la justicia y la paz en el mundo que, como no podía ser de otro modo, también recoge nuestra Constitución, donde se garantiza la asistencia sanitaria para todas y todos.
No en vano, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor del gobierno socialista vasco de Patxi López, que no quiso retirar la asistencia sanitaria a inmigrantes. Estamos ante un hecho reprobable, inhumano e injusto si miramos la cartera para atender a una persona enferma.
Cabría preguntarse después cuál es el ahorro real de esta medida, si no acarreará un colapso del servicio de urgencias, si no tendremos más problemas de salud pública, si no podemos cubrir lo que pretenden ahorrar, con la subasta de medicamentos, como en Andalucía, también bloqueada por Rajoy para asfixiar al Gobierno andaluz, y rechazada por el Constitucional. Ahora que el pobre es más pobre, se desmantela una red en El Ejido acusada de estafar a 3000 inmigrantes con contratos falsos de trabajo, cuando organizaciones sociales dicen que estamos en una situación ‘calcada’ a cuando los sucesos del año 2000, parece que medidas como la planteada es de una absoluta irresponsabilidad que, unida al continuo ataque del Gobierno al bienestar de las clases medias y bajas, convierte el País en una olla a presión, ¿quién se atreve a destaparla?
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