Hay alternativas a la crisis: reinicia la democracia (II)

Busquemos las alternativas para salir de la crisis; sembremos nuestra propia semilla en nuestras conciencias. En palabras del poeta Jose Angel Valente: “Escribo desde un naufragio/. Escribo sobre la latitud del dolor, / sobre todo lo que hemos destruido/ ante todos nosotros/…Pero también escribo sobre la vida.” 

Desde hace décadas la deuda se ha usado como mecanismo de colonización, entre los países del Norte hacía los del Sur. Ahora cabe preguntarnos sobre la deuda española, ¿es legítima la deuda en nuestro país? 

En el caso de España, los intereses de la deuda se han convertido en la partida presupuestaria que más crece: en el 2011 nos gastamos unos 38.590 millones de euros sólo en pagar los intereses de los bonos que se han colocado. “Es un 105% más que en 2007. 

España va a sufrir el mayor incremento del gasto en intereses de la deuda de toda la zona del euro”, señala Sol Sánchez, que forma parte del movimiento ATTAC”.

 El economista Jeff King define deuda ilegítima en Odius Debat: The termes of the debate como “aquellas contraídas contra los intereses de la población de un país y con el completo conocimiento del acreedor”, por lo tanto se hace necesario una auditoría de la deuda, que permita evaluar la parte de deuda ilegítima de la deuda pública española, y así reducir el reembolso a su justa dimensión legítima y permitir reactivar la economía. 

La deuda está impuesta por los que están al margen: de lo político, de la ética, y del consenso de los ciudadanos.

Según el informe anual de ayudas públicas que elabora la comisión nacional de la competencia (CNC), el 94,2% de las ayudas públicas del 2010 se utilizó para rescatar la banca privada. 

Con las últimas inyecciones, a fecha de diciembre 2012 hemos tocado a 2.800 euros por contribuyente. Si es dinero público, se hace irremediable pensar que hay que crear una banca pública que garantice el crédito con criterios sociales y ecológicos consiguiendo una economía real, dando impulso a la banca ética para financiar el cambio de modelo productivo y de consumo. 

La ética es también  posible en las finanzas si financiamos a los colectivos más desfavorecidos, empresas de economía social, ONG, empresas responsables con su entorno humano, social y ecológico.

La Constitución de 1978 dice en su artículo 31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”. Hay que legislar, por lo tanto, para el bien de todos, y no para que los defraudadores tengan amnistía social. 

Tenemos que afrontar el sistema fiscal para que esté de acuerdo con la Constitución vigente, que se ajuste a la realidad actual de la ciudadanía, es por tanto necesario hacer una reforma fiscal, y hacerla verdaderamente progresiva y redistributiva, priorizando la tasación de capitales y recursos naturales, de manera que paguen más quienes más tienen y más contaminan, y hacerla capaz de equilibrar las cuentas y mantener y mejorar los servicios públicos de salud, de educación y las políticas sociales y ambientales.

Hay que apostar de forma decidida, y de una vez por todas, por la creación de empleo en sectores sostenibles y que crean utilidad social (como las energías renovables, agricultura ecológica, rehabilitación de edificios, economía social y solidaria, cooperativas, etc.), es un yacimiento de empleo para 2’7 millones personas, según datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE), y es imprescindible hacer un reparto del trabajo.