Privilegios injustificados

Cada día que pasa aumentan los ejemplos que evidencian el distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía que les vota y les percibe como seres privilegiados a los que oímos hablar de austeridad, de recortes, de que hay que apretarse el cinturón, pero resulta que ellos no se aplican la medicina que recetan.   El último caso de esa doble vara de medir lo hemos conocido por una decisión del Tribunal Supremo que ha inadmitido una querella presentada por una asociación nacida al calor del 15 M, que llevó a los tribunales a medio centenar de diputados -entre otros, el presidente del Gobierno, el de las Cortes, varios ministros y diputados- por percibir, con cargo al presupuesto del Congreso, una dieta de 1.823 euros los elegidos en circunscripciones distintas a Madrid y 870 euros los que lo fueron por Madrid. Este complemento siempre tuvo la consideración de ayuda para pagar vivienda en el caso de quienes no residían en Madrid y en esa creencia parece que estaba fundada la denuncia por ser, desde luego, muy llamativo que exista una partida adicional de gastos a favor de quienes ya disponen de residencia en la capital. Conocido el auto del Supremo, el asunto queda zanjado en clave judicial, pero no así en un registro sociológico. Vivimos un tiempo en el que las estadísticas del paro (seis millones doscientos mil desempleados) viene acompañados de datos que describen el rostro lacerante de la pobreza que se ha instalado en el hogar de un millón setecientas mil familias en las que no entra ya ninguna ayuda pública. No es demagogia denunciar lo que resulta lacerante. El mencionado complemento será todo lo legal que haya establecido el Supremo pero se torna agravio cuando se ve que hay ciudadanos que consideran normal blindar sus privilegios al tiempo que a otros se les condena a la intemperie. Y luego se quejan de lo que opinan de ellos en las encuestas.