Nadie, ni en sus peores sueños, hubiera podido imaginar nunca que aquellos derechos que fueron creciendo con nosotros, como la sanidad pública, la educación o recientemente la dependencia, estarían hoy en entredicho y que esa fortaleza que construimos entre todos se tambaleara de la manera que lo hace ahora.
Igual, esto que están leyendo no les parece muy original, entre otras cosas porque ya lo habrán escuchado de todas las maneras posibles. No les quito la razón pero, miren, soy de los que piensan que o recordamos todos los días lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que nos hemos ganado, o acabaremos perdiéndolo todo.
Y ya hemos perdido mucho en muchas cosas. En dependencia, por ejemplo, más de 1400 millones de euros, según las cifras que maneja la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante los tres años de Gobierno de Rajoy.
De esa cantidad, casi 342 millones de euros habrían correspondido a Andalucía, lo que la convierten en la comunidad autónoma más castigada por el Partido Popular. A esta cifra, ya de por sí escandalosa, sumen también que Rajoy expulsó del sistema a los cuidadores familiares y tendrán una vergonzosa foto fija del ensañamiento al que se ha sometido a la dependencia. Es imperdonable lo que ha ocurrido y, en consecuencia, nadie debería perdonarlo.
El esfuerzo que está haciendo Andalucía para mantener este derecho- y es un derecho porque así lo contempla una ley que está en vigor pero que en la práctica ha derogado la derecha- no es comparable a lo que está ocurriendo en ninguna otra región española.
A veces, a este tipo de cosas se les resta importancia, pasan desapercibidas o se intentan tapar con otro tipo de asuntos que, siendo importantes, no le resuelven a una persona dependiente sus necesidades diarias y no contestan a la pregunta de si hay algo más importante que atender a quien no puede valerse por sí mismo.
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