Más allá del ámbito de las crónicas periodísticas, la propuesta granadina del PSOE para cambiar la Constitución, avanzando hacia un diseño de corte federal, ha despertado escaso eco político.
Por varias razones. La primera de todas porque ha sido vista no como una aportación al común sino como una operación encaminada a resolver el problema que tiene el PSOE con el PSC.
Es sabido que desde que Felipe González abandonó en otras manos la conducción del partido, el PSC dejó de ser la filial catalana de las siglas socialistas para mutar hacia un partido diferente que hizo suyas algunas de las señas políticas del nacionalismo.
Avanzando hacia un modelo de Estado federal, el PSC encontraría un encaje con identidad propia en el futuro Parlamento estatal. Lo han dicho por escrito, pero, más allá del plano de lo simbólico, la propuesta no ha despertado eco social porque el personal está al tanto de que sin el concurso del PP -fuerza parlamentaria mayoritaria-, no se puede cambiar la Constitución y es sabido que Rajoy tiene ahora otras prioridades (la situación económica) y otros problemas (las acusaciones del ex tesorero Bárcenas).
Así que síi en el PP no están por la labor, la iniciativa de Rubalcaba se queda en nada práctico. Otra cosa es el valor político que se quiera conceder a la iniciativa porque ahora ya es un compromiso oficial del PSOE.
Si recordamos que UPyD, también quiere reformarla y que Izquierda Unida quisiera modificarla, ya tenemos un escenario político en el que tres fuerzas parlamentarias están dispuestas a romper el tabú que aparejaba hablar de una eventual reforma constitucional.
Que sea o no el momento político oportuno para abrir el melón, no resta importancia al cambio. Hoy el Partido Popular no está por la labor, pero la política es tornadiza y las circunstancias cambian. Lo significativo es que se ha roto el tabú, el miedo a tocar la Carta Magna.
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