¡Qué país el nuestro! Los sumarios se acumulan en los juzgados en espera de juicio (10 años ha tardado el juicio del ‘Prestige’, 51 el de la ‘Talidomida’), pero siempre hay alguien de guardia en la Audiencia Nacional dispuesto a saltar a los telediarios intentado hacer justicia universal.
Garzón inauguró el formato solicitando en su día la detención de Pinochet y ahora desde la Audiencia, dictan una orden internacional de busca y captura contra cinco ex altos cargos del Gobierno chino. Entre otros, el ex presidente de Jiang Zemin. Se les acusa de un presunto delito de genocidio cometido contra la población del Tíbet.
No hacía falta ser un lince para anticipar que semejante paso iba a provocar un conflicto diplomático morrocotudo. Conflicto político que inevitablemente enrarecerá las relaciones comerciales. Decenas de empresarios españoles llevan años invirtiendo tiempo y dinero intentando abrirse paso en aquel gran mercado asiático y, es obvio, que el escenario de tensión creado en nada favorece sus expectativas. A nuestros jueces les parece correcto no conceder la extradición de un pederasta reclamado por Marruecos, pero, en cambio, les parece de lo más normal del mundo sentar en el banquillo a un ex jefe de Estado de otro país.
Sin exculpar de responsabilidades a los sucesivos gobiernos de Pekín por las tropelías cometidas por el Ejército chino en el Tibet, lo que no parece puesto en razón es que el instrumento más idóneo para hacer justicia sea una Sala de la Audiencia Nacional. Para eso está el Tribunal de la Haya. Lo suyo es que la Justicia española ampare a los ciudadanos españoles. Dentro y fuera de España. Y, punto.
Está claro que los impulsores tibetanos de la denuncia ante la Audiencia buscaban un puntazo propagandístico. Llamar la atención mundial. Lo que no tengo tan claro es si nos correspondía a los españoles correr con el desgaste que apareja el caso.
Desde luego, Pekín ha tomado nota. Si teníamos pocos problemas, ya tenemos otro.
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