Después de tantos sumarios por corrupción abiertos contra él —y durante tantos años—, al castellonense Carlos Fabra sólo le han condenado, de momento, por un delito de evasión de impuestos.
Hay quien se consuela pensando que menos da una piedra y que, ante la dificultad de probar sus gravísimos crímenes, también el gánster norteamericano Al Capone acabó en la cárcel por engañar a Hacienda.
Lo malo —o lo bueno— del precedente de Carlos Fabra es que marca el camino para que delincuentes y estafadores, que quizá se salgan de rositas de los variados procesos que se siguen contra ellos, posiblemente acaben en una celda por haber defraudado al Fisco.
Ése sería el caso del ex presidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán, ya en prisión preventiva, y que ha acudido esposado ante el tribunal que le juzga. Los siguientes en la lista podrían ser Diego Torres e Iñaki Urdangarin, coautores de la trama Nóos, que si consiguieran librarse de otros delitos quizás no lo harían de su fraude a Hacienda.
Tal eventualidad supondría un magro consuelo para los contribuyentes, hastiados de tanta impunidad de los VIP de este país. Pero, por otra parte, evidenciaría el saqueo masivo de las arcas públicas por la clase dirigente española. Entre evasiones de capitales, maquillajes contables, creación de cuentas opacas, utilización de artificios financieros y demás panoplia defraudadora, se calcula que el Fisco deja de ingresar unos 42.000 millones. Lo han leído bien: 42.000, que es tanto como el rescate de todo el sistema financiero español.
Como dice, pues, la sabiduría popular, no hay cárceles suficientes para tantos chorizos que hacen que los ciudadanos de a pie tengamos que pagar todo lo que ellos roban.
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