La hora de los jueces

Orden judicial en mano la policía registró ayer durante más de doce horas la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid. Buscaban facturas, evidencias de lo que el juez Pablo Ruz, encargado de la investigación, en un auto anterior expresaba como "presunta existencia por parte del PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas".   

Casi al mismo tiempo, en Sevilla, cincuenta guardias civiles tras cortar la calles aledañas entraban con un mandamiento de la juez Mercedes Alaya en las sede de la UGT y procedían a un registro que le llevó 11 horas. La juez investiga el presunto desvío de fondos públicos (librados por la Junta para cursos de formación), para pagar gastos internos del sindicato: fiestas, congresos, viajes, etc. También en la capital andaluza, otra jueza, la titular del Juzgado número 3, imputa al presidente de la patronal andaluza por una presunta estafa inmobiliaria.   En Málaga, pese a la presión ambiental, Mariana Peregrina titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona que ha imputado a Lourdes Cavero (esposa de Ignacio González presidente de Madrid), por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal, sigue adelante con la investigación. En Barcelona, se está a la espera de que un jurado popular juzgue a Oriol Pujol, diputado de CiU imputado por tráfico de influencias en el "caso ITV". Ahí tienen estos cinco casos tomados de la crónica de los últimos días para sacar conclusiones. Siendo cierto que algunos jueces y fiscales (pocos) parecen estar demasiado pendientes del escalafón y de los focos de la televisión, es de justicia reconocer que la mayoría cumple anónima y abnegadamente con su deber. Les toque lo que les toque en el reparto y caiga quien caiga.