El largo camino de algunos “casos” almerienses

El calendario camina implacable hacia el quinto aniversario de aquel 20 de octubre en el que el poder político y económico de El Ejido tembló y los ciudadanos tienen la decepcionada sensación de que aquel trueno corre el riesgo de acabar consumiéndose en su eco. El manto de silencio que desde hace años acompaña al Caso Poniente posa una pátina de olvido que muchos confunden con indolencia. Seguro que no es así; pero lo parece.

Los peritos de Hacienda continúan haciendo su trabajo, pero el tiempo transcurrido, los jueces por los que ha pasado la instrucción y la relajación política en la exigencia para que se aclaren todas las responsabilidades a que hubiera lugar, inducen al error de pensar que la tormenta de entonces quede en la calma de la levedad penal. 

Complejidad
La técnica procesal impone el cumplimiento escrupuloso de la comprobación exhaustiva de todos aquellos indicios racionales que colaboren en el esclarecimiento de los hechos y la complejidad de un entramado articulado presuntamente para delinquir no es fácil de desmontar. Construir una trama es difícil; desmontarla, más. Todo debe hacerse para que ningún error acabe convirtiendo en vacío penal lo que tantos pusieron tanto empeño en levantar para, presuntamente, enriquecerse.

Pero esta comprensión del tiempo procesal no evita la convicción de que en España la Justicia camina por una vía tan lenta que a veces acaba perdiéndose en el horizonte de la prescripción.

Lentitud
En Almería no es sólo el caso Poniente el único síntoma de esta lentitud exasperante. Hay otros sumarios que se acercan con inquietante similitud. Las facturas falsas del Patronato de Turismo de Diputación o la desaparición inexplicada de más de trescientos mil euros en cheques firmados por políticos y cobrados por funcionarios en la delegación de Medio Ambiente recorren el laberinto judicial, como en el caso poniente, con más lentitud de la que todos desearían; bueno, todos menos los implicados en los presuntos fraudes, ellos no tienen ninguna prisa.

El riesgo de esta acumulación de dilaciones, sin duda procesalmente justificadas, está no sólo en el riesgo de la prescripción; también en la percepción de que los responsables de las mismas son los jueces que las instruyen. 

Es cierto que habrá casos en los que esa responsabilidad será imputable a la indolencia del instructor, pero la consideración acertada se acerca, en la inmensa mayoría de los procedimientos, a aquella que imputa esta responsabilidad a la carencia de medios con que se trabaja en los juzgados y, en otras circunstancias, a la ausencia de instrumentos con que la policía judicial realiza su trabajo.  Conviene tener en cuenta que un juez no investiga: ordena a otros la investigación, pero no la dirige; por cierto, unos “otros” que dependen de sus superiores, siempre – y este no es un perfil inocuo-, nombrados por políticos. Es aconsejable no olvidarlo porque existe la tentación de pensar que quien facilita los medios para que se investigue, a veces y en determinadas causas, no lo hace con la suficiente intensidad cuantitativa y cualitativa.

En los casos de Almería que nos ocupan la certeza de las causas de esas dilaciones se encuentra tanto en la acumulación de procedimientos en una planta provincial con un número de juzgados insuficiente como en la carencia de medios para agilizar la investigación. 

Funcionamiento 
También en unos plazos tan inexplicadamente flexibles (¿cómo puede justificarse que una entidad bancaria tarde meses y meses en comunicar