Jueces apartados

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender provisionalmente de sus funciones al juez Elpidio José Silva, que instruyó el caso Caja Madrid y ordenó el ingreso en prisión de su expresidente, Miguel Blesa. La razón es que el juez, por esa decisión, está imputado por supuestos delitos de prevaricación y retardo malicioso de la justicia y se sentará en el banquillo para responder de ellos. 

 Podría sorprender a un extraterrestre que en dos de los escándalos más sonados de corrupción, los casos Gürtel y Caja Madrid, hayan sido imputados los jueces instructores sin que haya aún una condena en firme para ninguno de las decenas de acusados. 

Y llama la atención la celeridad con que se ha actuado contra los jueces en comparación con la lentitud con la que se están instruyendo los sumarios. Pero no es esa la cuestión fundamental. La justicia dirá si Elpidio José Silva actuó o no contra la ley, el delito más grave que puede cometer un juez en el ejercicio de su profesión. 

Y parece razonable que mientras se sustancie el procedimiento el juez sospechoso no pueda seguir impartiendo justicia, por si acaso. Lo que no se entiende es cómo representantes de otros poderes del Estado, del ejecutivo y del legislativo, imputados en gravísimas tramas de corrupción sigan en sus puestos mientras se resuelven sus causas.

Sería conveniente que nos pusiéramos de acuerdo en la materia: o la imputación inhabilita provisionalmente para el ejercicio del poder o no inhabilita. Y si es que sí, que a priori parecería lo razonable, la medida precautoria adoptada con el juez Elpidio José Silva tendría que ser extensiva de la misma manera a diputados, concejales, consejeros y ministros, o presidentes, si fuera el caso, que se encuentren en las mismas circunstancias.

 Porque impartir justicia sin sombra de dudas es tan exigible como gestionar el dinero de todos los contribuyentes sin sobra de sospechas.