Con la que está cayendo, a algunos Gobiernos regionales les preocupa más defender la singularidad de su Comunidad Autónoma que salir de la crisis económica.
Lo acaba de confirmar el consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana: “No permitiremos intromisiones en nuestras señas de identidad”, ha dicho. Esta soflama se debe a que la Academia Valenciana de la Lengua ha equiparado el catalán y el valenciano como variantes de una misma lengua. En cambio, en Honduras o en Colombia, por ejemplo, nadie se siente ninguneado porque la RAE considere que en las dos se habla un mismo idioma, el español.
Entre nosotros las cosas resultan al revés: aquí buscamos en seguida la diferenciación de nuestros vecinos y hasta la ruptura con ellos. Así, aunque sin llegar al extremo soberanista del nacionalismo catalán, en el último debate en Las Cortes tanto PNV como BNG han esgrimido el respectivo y presunto derecho a decidir de Euskadi y de Galicia. Y hasta los nacionalistas canarios se han puesto estupendos en su negativa al fracking como método de extraer petróleo en sus costas.
Cada uno, por consiguiente, va a la suya, al margen de ideologías, como evidencia que el presidente extremeño, José Antonio Monago, se oponga a las tesis territoriales de su propio partido a nivel nacional. Por eso, dentro del mismo PP hay quienes desean que la financiación autonómica sea distinta según la cantidad de población, la dispersión geográfica, el envejecimiento del personal o presuntos agravios históricos, según les convenga.
Lo importante es que nadie nos toque “nuestras señas de identidad”. Es decir, frente a la solidaridad pregonada antaño, primamos ahora la diferenciación, la exclusión y el aislamiento.
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