Los andaluces soportamos un 36% de paro, vivimos con una renta 73% más baja que en Europa, tenemos en aulas prefabricadas a miles de alumnos que luego adquieren un nivel académico muy inferior al del resto de España, disfrutamos de un sistema sanitario con enfermos encamados en los pasillos de los hospitales, carecemos de una red de comunicaciones vertebradoras y llevamos más de tres décadas de régimen político que ha hecho de la corrupción y el clientelismo dos de sus señas de identidad más notables.
Es comprensible, por tanto, que ante tan inquietante presente se despierten dudas sobre nuestro futuro colectivo. Pero que no cunda el pánico, porque estamos gobernados por una coalición de juiciosos estadistas de PSOE e IU que han comprendido que para asegurar el futuro no hay nada más efectivo que revisitar el pasado. Así y con la que está cayendo, la Junta de Andalucía está empeñada en sacar adelante un proyecto de presunta memoria democrática que corrige (para aumentar) los propósitos revanchistas y sectarios del inolvidable presidente Zapatero y pretende reescribir la historia andaluza en el período entre 1931 y 1982. Ahí es nada. Amparándose en el comprensible dolor de los familiares de los desaparecidos y las numerosas injusticias cometidas, pero superadas por la Transición y su pacto de amnistía y perdón, IU pretende cobrarse su apoyo al PSOE en la Junta con una ley innecesaria, costosa y disparatada. Una ley instalada en el pensamiento mágico de considerar que la eliminación física de los símbolos supone la supresión de los hechos, la inexistencia de los recuerdos y la acomodación de la realidad a unos intereses concretos. Por eso creo que la contestación a esta ley no debe ser parlamentaria, sino psiquiátrica. Hay especialistas capaces de ayudar con éxito a superar obsesiones y psicodramas.
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