Ayudas para quienes trabajan la tierra

La Política Agraria Común (PAC), desde su puesta en funcionamiento para el abastecimiento de productos alimenticios  tras la II Guerra Mundial en Europa, ha cambiado respecto a sus orígenes en estos años.

Europa marca la alimentación de sus ciudadanos, no como un sector básico y principal, sino como un negocio para unos pocos. Estamos viendo cómo con una de las mayores partidas presupuestarias de la Unión Europea (1.025.000 euros en créditos de compromiso), no se está tratando a todos por igual.

Tenemos como ejemplo los dos niveles de agricultura europeos: una es la agricultura centro-europea (cultivos herbáceos sobre todo) y otra la agricultura mediterránea (cultivos de frutas, hortalizas, olivar o frutos, entre otros).

Esta división está siendo utilizada para no unificar claros criterios  sobre el modelo agrícola europeo, y si a esto le añadimos que cada país miembro reparte su financiación libremente, con unos criterios que no ayudan al desarrollo de una agricultura sostenible, sino a especular con los incentivos europeos, las ayudas como se reflejan al día de hoy están ligadas a la superficie y no  a la producción. Esto es que las ayudas las reciben quienes no trabajan la tierra.

Es necesario por tanto redefinir diversos conceptos en la actual Política Agraria Común, como el de ‘agricultor activo’, ya que resulta insuficiente para medir el grado de profesionalidad de aquellos que se dedican a la producción en el campo.

Con la condición de que como mínimo un 20 por ciento de los ingresos agrarios debe provenir de la actividad, se producirá una nueva concentración de las ayudas en grandes propietarios. En la actualidad el 1 por ciento  de los perceptores acapara el 45 por ciento de las ayudas.  

Y si hablamos del reparto de los fondos, el Gobierno de España escoge quién  se beneficia y quién no, y Andalucía sale mal parada. Nuestra comunidad ha pasado de recibir el 26,5 por ciento al 23,7 por ciento del dinero que llega desde Europa a España a través de la Política Agraria Común. Mientras otras comunidades ganan con este reparto arbitrario, Andalucía es la única que pierde.

Y no hay ayudas para el sector de frutas y hortalizas, por lo que quienes nos dedicamos a estos cultivos estamos en desventaja respecto a otros sectores, lo cual no significa necesariamente que tengamos  que enfrentar cultivos, sectores o territorios, sino adecuar políticas comunes a este sector, empezando por regular el mercado y poner freno a las multinacionales de la distribución.

La actual Política Agraria Común no es capaz de cumplir uno de los principales objetivos para los que fue creada: estabilizar las rentas de los agricultores.