Cuando la administración sirve a la norma y no a los ciudadanos

Cada vez que coincido con un empresario ya sé que uno de los temas de los que vamos a hablar es el de los impedimentos burocráticos con que se encuentra a la hora de desarrollar sus proyectos. Con algunos políticos también sucede lo mismo. Da igual el partido al que pertenezcan o el sector en el que desarrollen su actividad. La burocracia ha ido tejiendo una tela de araña administrativa en la que cualquier aspiración se antoja interminable.

Arriesgar en la construcción de una fábrica, ilusionarse con la ampliación de un negocio, innovar con la investigación de nuevos productos o abordar proyectos públicos de interés colectivo- un parque, un edificio que dé servicio a los ciudadanos, una carretera, la mejora de una pedriza en un pueblo, cualquier cosa-, cuestiones toda ellas que deberían resolverse desde la diligencia, se atascan en una rueda irremediable en la que el deseo se convierte en quimera durante años.

Conozco empresarios que han generado centenares de puestos de trabajo a los que el traslado de sus industrias a otras geografías nacionales o internacionales les hubiera ahorrado muchos millones de euros. Se de alcaldes que a pesar de chocar una y mil veces contra el muro prefabricado por los técnicos de la administración, de cualquier administración, todavía continúan con la voluntad indomable de quienes confían en que al final romperán el hierro de la norma y el hormigón de las disposiciones legales y conseguirán sus objetivos.

No se a ustedes, pero a mí me sigue sorprendiendo- y cada día más- que la reforma de la administración que todos los partidos prometen cuando están en campaña no se haga nunca realidad.

En España han cambiado muchas cosas y para bien en los últimos cuarenta años, pero una de las cosas que ha cambiado y para mal ha sido el de la permanencia de un entramado administrativo que, no sólo no se ha reducido, sino que se ha multiplicado llegando al paroxismo de preferir tener un parado antes de facilitar su aspiración de convertirse en emprendedor o, en el mejor de los casos, esperar a que inicie su actividad para esperarle en el campo de maniobras de las normativas. Ahí te quiero ver yo, dice para sus adentros el tipo que llega al despacho de cualquier administración después de haber hecho méritos en la oficina de cualquier partido.

A esta situación tan condenadamente endiablada se ha llegado por la tentación irresistible que sienten los políticos y los técnicos que les acompañan por encerrar cualquier actividad humana en una maraña de normas que sólo sirven para entorpecer.

En la comida que siguió a una conferencia de Felipe González  organizada por este periódico y la UAL , el ex presidente del gobierno me puso un ejemplo incontestable del disparate al que habíamos llegado. Mira Pedro- me dijo- la situación es tan enloquecida que para poder cazar en cualquier coto de España es preciso tener 17 carnets, 17, tantos como autonomías.

Esta semana ha sido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría  la que ha aludido a que para trasladar un caballo del norte al sur es necesario  obtener un permiso de cada una de las comunidades autónomas por la que transite el animal. De locos.

Una de las circunstancias que han colaborado- y de qué forma-a este laberinto ineficaz, inexplicable, estúpido al fin, ha sido la necesidad que han sentido las comunidades autónomas por revestirse de un pontifical legalista que les hiciera parecer , a cada norma inventada, mas autónoma. Se han vestido con un ropaje de trampas y desfiladeros recargado hasta el barroquismo de disposiciones legales que cada vez se acercan m&aacut