La extraña miopía colectiva

Lo sabía todo el mundo. Los manejos de Jordi Pujol obraban en poder del Gobierno central al menos desde 1991, según me han certificado fuentes de lo que entonces se llamaba CESID y hoy CNI, que aseguran que informaron al presidente de turno sobre las actividades económicas de quien era, desde una década antes, el molt honorable president de la Generalitat. Lo sabía, por tanto, Felipe González, lo supo Aznar y, por tanto, también Zapatero y Rajoy. Es más: ya en 1984, dentro del programa Teleobjetivo, de TVE, se contó que Pujol se había asociado con los banqueros Calvi y Sindona, miembros de la logia P2, para montar ACESA en Cataluña y, por tanto, el negocio de las autopistas. Se contó sin tapujos y nadie dijo nada, ni se comentó en ningún medio; quizá todavía vivíamos bajo la ilusión de que ‘lo de Banca catalana’ fue un proceso político contra el nacionalista Pujol y que, ante la sospecha de que no todo se estaba haciendo correctamente, más valía callar, no fuesen a despertarse los demonios familiares.

Lo peor del ‘caso Pujol’, que lo tiene todo de pringoso, son algunas de las reacciones que ha producido: no puede Artur Mas salir a la palestra exclusivamente para decir que los ‘olvidos’ de Pujol con Hacienda -y no solo- son cosa “privada y familiar”. Familiar puede que sea; privada, en un personaje que acumuló trienios como president de la Generalitat, desde luego que no. Y han sido algunos los medios ‘locales’ y los ‘colegas’ de Pujol en la política que han callado, temerosos de romper el ‘sagrado equilibrio’ que ha venido rigiendo las tensas relaciones entre la Cataluña oficial y el resto de la España también oficial.

Y ahora, hablemos claro: el Estado tiene que dejar de ser cómplice, con sus silencios, de una situación que, en Cataluña, rebasa con creces lo tolerable.