¿Cuál es el papel que juega Andorra en el ‘caso Pujol’?

Evitar un conflicto diplomático. Ese parece ser el propósito del jefe del Gobierno de Andorra, Toni Martí, que visitará Madrid dentro de poco más de una semana en un intento de aclarar tanto a las autoridades españolas como a los medios de comunicación el papel que el pequeño Estado juega y ha jugado en todo lo relacionado con la evasión de divisas desde España, en general, y sobre las actividades de la familia Pujol muy en particular. La denuncia de la familia del ex president de la Generalitat pidiendo que se investigue la ‘filtración’ de sus cuentas en Andorra ha caído como una bomba no solamente en los medios bancarios andorranos: también en los políticos y en los jurídicos. 

La defensa que los Pujol están intentando para salvar no solamente su honorabilidad, sino su patrimonio, a base de denunciar ‘motivos políticos’ en la investigación de sus finanzas, está provocando numerosas consecuencias. Hay voces que, sin la menor prueba, quieren, sobre todo desde Esquerra Republicana, acusar al Ejecutivo español de haber propiciado, a través del CNI, ‘filtraciones’ en torno a las actividades económicas de los Pujol precisamente a pocas semanas de la Diada y a pocos meses de la pretendida consulta soberanista. Lo cierto es que fue el propio Jordi Pujol Soley quien disparó todas las alarmas con su autoacusación de fraude fiscal con la herencia de su padre, se piensa que en un intento de proteger a sus hijos, incursos ya en demasiadas presuntas irregularidades económicas como para que puedan pensar en que todo acabará saliéndoles gratis.

Por ejemplo, empieza a ser un clamor el que las ‘actividades exteriores’ e interiores de Jordi Pujol eran bien conocidas por los gobiernos centrales desde 1985, cuando los servicios de inteligencia entregaron a Felipe González un detallado informe que partía del ‘caso Banca Catalana’, un fuerte desequilibrio patrimonial en el banco fundado por Florenci Pujol, padre de Jordi, en 1959. La Fiscalía general del Estado presentó una querella en 1984, en la que se incluía al president de la Generalitat. En 1986, los fiscales Mena y Villarejo presentaban la petición de procesamiento contra los dieciocho ex consejeros del Banco, ya en proceso de liquidación -completado en 1988-, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. Pero en la Audiencia de Barcelona 33 magistrados, frente a ocho, votaron en contra del procesamiento de Jordi Pujol y, en 1990, esta Audiencia decretó el sobreseimiento del sumario.

Pese a las acusaciones hechas públicas por el entonces vicepresidente Narcís Serra, Pujol siempre alegó que el estallido del ‘caso Banca Catalana’ era, en el fondo, un ‘ataque político a Catalunya’. Y lo cierto es que el Gobierno central prefirió no hacer sangre del asunto, pese a que ya las investigaciones de los servicios secretos, el CESID, y de Hacienda, se habían puesto en marcha, acumulando datos ‘abrumadores’. La cooperación a la ‘gobernabilidad del Estado’ fue, sin duda, la razón última por la que los gobiernos de González, Aznar y Zapatero hicieron la vista gorda. En cuanto a Rajoy, que obtuvo mayoría absoluta en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 y no necesitaba pactar, no consta su voluntad de ocultar más el caso, pero tampoco consta que la ‘longa manus’ del Ejecutivo central esté tras el estallido de un escándalo que ya no podía disimularse más. El ‘pacto tácito en pro de la gobernabilidad’, que había durado un cuarto de siglo, quedaba, por tanto, roto. 

Existe una gran incertidumbre acerca de lo que ocurrirá cuando se normalice la vida política y Pujol tenga que acudir al Parlament para declarar. Al mismo tiempo, tendrá que hacer frente al proceso judicial y parece improbable que la benignidad del ‘affaire Banca Catalana’ se repita ahora.

Es en este marco en el que llegará a la capital española el ‘cap de Govern’ andorrano, quien en la última semana ha mantenido discretas reuniones con los bancos andorranos implicados en el ‘escándalo Pujol’ en un intento de acotar las dimensiones del caso, al menos las económicas. Tanto los bancos como la familia Pujol tratan de limitar lo defraudado a Hacienda en algo menos de cinco millones de euros, que es lo que ya han regularizado los Pujol Ferrusola ante la Hacienda española. Pero todo indica que las irregularidades de la familia ascienden a mucho más, y Martí y los presidentes de los dos bancos citados volverán a reunirse a comienzos de septiembre para, en un esfuerzo de ‘transparencia’, acotar una cifra más definitiva y realista. 

Así, el Gobierno andorrano no quiere negar la colaboración con el español, pero ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía se conformarán con lo actuado hasta el momento por las autoridades andorranas o por los representantes bancarios. Supongo que la llegada a Madrid de Martí podría sugerir que asegurará a sus interlocutores que no se retrasará la información que los bancos andorranos han de entregar. El ‘caso Pujol’ puede ser el culebrón de un otoño que ya de por sí va a estar lleno de acontecimientos en Cataluña. Menudo septiembre se nos avecina.