Martín Soler también confía en la anulación de su fianza

La consistencia jurídica de algunos autos de la juez Mercedes Alaya es tan endeble como potente es la repercusión mediática de la que disfrutan. Como dice el avezado periodista Antonio Avendaño, “no puede decirse que en ocasiones la juez Mercedes Alaya imparta justicia pensando en los telediarios, lo que sí puede decirse es que en ocasiones parece que imparte justicia pensando en los telediarios”.

 Esta semana, la Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado la fianza de 29.568.129,20 euros –y, consecuentemente, los embargos trabados- que le impuso a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez. Considera la AP que “la compleja instrucción que exigiría la comentada ampliación del objeto procesal no solo apenas ha comenzado, sino que, además, se ha cortado o interrumpido al trasladarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por razón de aforamiento de varios supuestos partícipes, con lo que prácticamente está por practicar una muy importante parte, al menos, de las diligencias instructoras de naturaleza personal”.

 Además, señala la Audiencia, que “es muy significativo que la mayoría de las acusaciones no se han pronunciado sobre el tema, y la que lo ha hecho, la Fiscalía Anticorrupción, considera insuficientes como para exigir, por el momento, ‘la inmediata adopción’ de medidas cautelares”.

 También esta semana, la juez ha iniciado el proceso de embargo contra el exconsejero de Innovación Martín Soler y otros 19 imputados en la causa de los ERE y les concede un plazo de diez días para que designen bienes a embargar a fin de cubrir las millonarias fianzas de responsabilidad civil que les ha impuesto. En el caso del almeriense, la fianza asciende a 4.070.633,08 euros.

 Martín Soler está imputado por malversación y prevaricación, a pesar de haber alegado ante la juez Mercedes Alaya que ya había dejado el cargo cuando su departamento conoció en mayo de 2010 el ERE de la empresa Abantia Ticsa. “Un dato sustancialmente relevante en el contexto de la decisión adoptada de ampliación de la imputación –argulló Soler- es la fecha de la resolución por la que el Director General de Trabajo acuerda ordenar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía el pago del 75% de la ayuda (...) 65 días después de estar cesado Martín Soler como Consejero de Innovación”.

 Ni la Fiscalía Anticorrupción ni las partes personadas, entre ellas el Partido Popular, pidieron medidas cautelares para el exconsejero. No obstante, la juez se mantuvo impertérrita en su decisión. 

Martín Soler tiene ahora la esperanza de que la AP de Sevilla aplique a su caso el mismo criterio que se ha aplicado al caso de Magdalena Álvarez. Sería otro varapalo –y van…- para una juez que hace pocos esfuerzos por evitar transmitir la sensación de que no sabe distinguir entre quienes de verdad se han aprovechado del erario público –que los hay y son muchos- y quienes simplemente pasaban por allí.