Chaves y Griñán

Visto desde fuera, el caso de los ERES de Andalucía -desvío hacia  los sindicatos y a determinadas empresas de los fondos destinados a cursos de formación-, se asemeja más a una "política" que a una trama diseñada para delinquir apropiándose de caudales públicos. Pero ése no tiene por qué ser el punto de exigencia de responsabilidades que corresponde substanciar a la Justicia. A ése registro "político" presentado como acto ajeno al lucro personal es al que se acogen los ex presidentes de la Junta para defenderse de la acusaciones que están en la mente de todos. Tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán han solicitado declarar ante el Tribunal Supremo en lo que parece una medida encaminada a anticiparse a los acontecimientos evitando la presumible imputación que les llevaría delante del mencionado tribunal pero ya en calidad de requeridos por la Justicia. No es lo mismo, aunque lo parece. En el capítulo en el que nos encontramos los ex presidentes pueden sostener ante la opinión pública su deseo de colaborar con los tribunales para esclarecer el caso. En el segundo supuesto ya no sería su voluntad sino la fuerza de la Justicia quien marcaría los tiempos. Veremos en qué queda todo esto pero, la verdad es que pinta mal.

Instrucción Pinta mal para ellos porque a raíz de la dilatada instrucción del caso por la juez Alaya, en la opinión pública está muy arraigada la idea de que la Junta de Andalucía trasvasó fondos a espuertas a sindicatos y empresas sin control alguno respecto del destino de esos dineros.De quedar probado estaríamos, como poco, ante un delito de malversación de caudales públicos.