¿Por qué los “casos” Poniente, Facturas, Cheques y Tres Reyes van tan lentos?

La lentitud con la que se suelen mover los procedimientos judiciales contra la corrupción provoca un sentimiento irremediable de exasperación en quienes asistimos a su desarrollo con la expectativa de su eficacia ejemplarizante.

El aislamiento periférico, tan costoso en infraestructuras y otras marginaciones, no ha convertido a la provincia en una isla inaccesible a la corrupción. Casos como el presunto saqueo de decenas de millones de euros al Ayuntamiento de El Ejido, los viajes inexistentes del Patronato de Turismo, los cheques perdidos y no encontrados de la delegación de Medio Ambiente o la trama chantajista de la Operación Tres Reyes, muestran cómo la corrupción es un río en el que siempre se apostan pescadores dispuestos a lanzar sus cañas, independientemente de la ladera en la que se encuentren. 

Un alcalde que fue puesto como modelo por el PP antes de pasar varios meses en la cárcel, un diputado socialista sin más oficio que procurarse el beneficio de un puesto político remunerado, un delegado de la Junta que dice sin sonrojo que nunca supo donde fueron a parar medio millón de euros en cheques firmados (supuestamente falsificando su firma) por él, y un Abogado del Estado asistido por compañeros de aventuras del pequeño Nicolás (no olviden que los socios de tan ilustre abogado también alardearon en los despachos del presidente de la Diputación y del subdelegado del Gobierno de ser agentes del CNI con vinculaciones con Moncloa; lo mismo que el cachorro iluminado del PP), todos ellos se encuentran a la espera de que los jueces que dirigen los sumarios correspondientes procedan a la apertura de juicio oral.

La percepción que tienen los ciudadanos es que desde que en 2009 se iniciara la Operación Poniente con la detención de los implicados o desde que estallaron los otros tres casos, ha pasado demasiado tiempo sin que ninguno de los cuatro procedimientos haya llegado a la vista oral y, lo que es aún más incomprensible para ellos , sin que ninguno haya terminado su proceso de instrucción.

Ante esta situación, tan difícil de comprender para el ciudadano ajeno a la técnica judicial, lo habitual, quizá lo inevitable, es que, quienes esperan que la Justicia se haga realidad, no entienden cómo todavía estos procedimientos no han sentado en el banquillo a quienes los protagonizaron.

Llegados a este punto lo fácil es responsabilizar de tanta tardanza a quienes dirigen los procedimientos. Si un tema tarde seis años en llegar a la Sala de Vistas el responsable siempre será el juez que lo instruye. Y no es así; o al menos no es así en la inmensa mayoría de los casos.

El responsable de tanta dilación es la carencia de medios con que actúan los agentes judiciales, fiscales y jueces, principalmente. Ese es el gran problema.

A diferencia de Estados Unidos y otros países, la investigación sobre hechos presuntamente delictivos, no está dirigida por el fiscal o el juez (ellos ordenan la investigación, pero- y ahí está la clave- no la dirigen), sino por las fuerzas de seguridad del Estado y, por tanto, resulta obvio que si el Estado no pone los medios necesarios a disposición de la Policía o la Guardia Civil, su eficiencia y eficacia disminuye y, por consiguiente, los procesos de investigación se dilatan en el tiempo haciendo irrazonable, no solo tan desmesurada tardanza, sino que, además, pone en riesgo el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.

Si los partidos quieren que los ciudadanos recuperemos la confianza en su voluntad de acabar con la corrupción, lo primero que tienen que hacer es ampliar los medios humanos de la justicia dotando más plazas de jueces, fiscales y funcionarios y también ampliar los medios técnicos de quienes les asisten en su función. Ya está bien de declaraciones. Hechos, señor Rajoy.

Sólo así conseguiremos el retorno a la confianza en las instituciones y sólo así podrá evitarse el espectáculo impúdico de que algunos presuntos delincuentes se paseen por las calles, de otras ciudades, pero también de Almería, revestidos del convencimiento de que sus deudas con la Justicia y los ciudadanos quedarán saldadas sin coste o casi por falta de medios de quienes están llamados a juzgarlos.

El juez es sólo una pieza del reloj; quizá la más importante. Pero si el engranaje no funciona, jamás dará la hora; y menos la exacta.