Los casos de corrupción colapsan los juzgados. Jueces y fiscales se quejan, con razón, de la falta de medios. En pleno siglo XXI las imágenes de juzgados con sumarios depositados en el suelo, apilados junto a estanterías desbordadas por cientos de legajos, contrastan con la modernidad de otras áreas de la Administración. Caso, por ejemplo, de la Agencia Tributaria. ¿Por qué las oficinas del Fisco disponen de la red informática ultra moderna que se les niega a los juzgados? La respuesta remite antes al ámbito de la voluntad política que a las partidas presupuestarias.
Pese a la precariedad de medios -incluida el limitado número de jueces y fiscales- que enlentece las investigaciones y el cierre de sumarios, circunstancias que obligan a la Justicia a avanzar a paso de buey, afortunadamente, llega a donde tiene que llegar. Con retraso, pero llega. Cinco años ha tardado en sentar en el banquillo a los imputados en el "caso Pretoria". Dos "pretorianos" de Jordi Pujol: el ex "conseller" Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, secretario general de la "Generalitat". También están en la trama un ex diputado socialista, Luis Andrés García y un ex alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). Están acusados de diversos pelotazos relacionados con recalificaciones urbanísticas delictivas. Según consigna el sumario se habrían embolsado alrededor de 21 millones de euros. Algo menos, unos 17 millones, es la cantidad de dinero cuya procedencia tendrán que aclarar los miembros de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol con el patriarca a la cabeza, su mujer y tres de los hijos, que están llamados a declarar como imputados el próximo 27 de enero.
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