Sin derechos no hay recuperación

El Gobierno de Rajoy ha demostrado durante estos tres años que llevamos sufriendo su nefasta gestión que toma decisiones sin importarle nada la repercusión que estas puedan tener en las personas, no solo ya en lo que respecta a su bolsillo, a lo que les cuesta, sino también en cuanto a la incertidumbre y los miedos que ocasionan. 

Así ha ocurrido con los repagos que ha puesto sobre la mesa y que se han cebado con las personas más débiles, pensionistas y enfermos graves. Se implantaron estas medidas - que sigue justificando también el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, como necesarias- porque, según decían, “había una regulación obsoleta que toleraba el fraude”. Pues bien,  de ese presunto fraude los señalados fueron únicamente las personas mayores, a las que impusieron por primera vez un copago en los medicamentos. Las consecuencias de eso han sido ya alertadas por las sociedades científicas: un 17% de los mayores no pueden retirar sus medicamentos a fin de mes porque su pensión no les llega para dar de comer a sus hijos y sus nietos y, de paso, pagar sus medicamentos. 

En Andalucía esto no ha sido así ya que tenemos una presidenta sensible con las dificultades que la mayoría de los pensionistas atraviesan, que sí ha priorizado a las personas y que ha mantenido de esa injusta decisión solo el límite del copago. Y solo eso, puesto que el Gobierno andaluz no podía incumplir la ley, a pesar de que no la comparta.

En estos tres años de gobierno de Rajoy, se ha amenazado, además, a pensionistas, personas con discapacidad y enfermos graves con otros copagos, como los relacionados con la ortoprotésis, el transporte sanitario o el de los fármacos en los hospitales. A pesar de que el Gobierno vende a los cuatro vientos que hemos salido de la crisis, no habrá una recuperación económica efectiva en nuestro país mientras que la ciudadanía no recupere los derechos que se han perdido y otros que el Gobierno sigue eliminando mes a mes de tapadillo. 

El ejemplo de esto es que en 2015 los productos sanitarios han pasado a tributar un IVA del 21%. Esta subida de once puntos es doblemente injusta porque, no sólo penaliza al paciente, sino que incrementará los costes que la Administración autonómica tendrá que asumir. 

En cualquier caso, ahora que según el Gobierno hay recuperación, qué mejor destino se le puede dar a estos nuevos recursos que utilizarlos para financiar fármacos innovadores, como los nuevos tratamientos de la Hepatitis C, para evitar la gran injusticia de disponer de un tratamiento que puede salvar vidas a los pacientes graves y no administrarlo.