Ni un paso atrás en dependencia

El reconocimiento del derecho de los dependientes a ser atendidos –y es muy probable que la mayoría lo terminemos siendo al final de nuestra vida– fue uno de los pasos de gigante que dio España con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta entonces, estos cuidados dependían de que la persona en cuestión tuviera la renta suficiente como para poder pagarlos. En caso contrario, los familiares, especialmente las mujeres, se veían en la tesitura de tener que hacerse cargo del dependiente, sin recibir remuneración ninguna y teniendo que renunciar, en muchos casos, a su vida laboral.

La Ley de Dependencia puso fin a aquella injusticia, reconociendo el derecho de los dependientes a ser atendidos y el derecho de los cuidadores a que su trabajo fuera remunerado. Nos colocamos a la vanguardia de Europa, pero la alegría duró hasta que llegó el Partido Popular.

Con la entrada de Rajoy en el Gobierno, la incorporación de nuevos dependientes al sistema se paralizó, las prestaciones se recortaron de manera vergonzosa, el Estado dejó de asumir las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores provocando que muchos de ellos –muchas de ellas– se dieran de baja por no poder asumir los costes…

Rajoy nunca dijo abiertamente que quería cargarse la Ley de Dependencia, pero ha intentado acabar con ella de todas las maneras posibles, incluyendo una vía muy sutil: la de recortar la financiación.

La propia Ley fijaba que la financiación de la dependencia sería asumida al 50% por el Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Gobierno del PP ha ido reduciendo su aportación año tras año. A medida que esto se iba produciendo, y gracias al compromiso de Susana Díaz de que en Andalucía no se iba a dejar caer esta Ley, la Junta ha ido incrementando su aportación, hasta el punto de que nuestra comunidad autónoma cerró 2014 financiando más de un 78% del sistema y el Estado menos de un 22%.

Quitarle a una ley la financiación es una forma eficaz y silenciosa de derogarla en la práctica. Sin embargo, con lo que no contaba Rajoy era con que los andaluces no tenemos miedo a elegir nuestro propio camino.

Mientras en el resto de España la Dependencia languidece, en Andalucía sigue funcionando. Sólo en la provincia de Almería, el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia aumentó en 2014, hasta situarse en más de 15.800 personas. Aumentaron los beneficiarios de la teleasistencia y los que tienen plaza en centros de día y residencias. En Andalucía no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de esta ley. Hemos actuado como muro de contención de los recortes y lo seguiremos haciendo, por más disgustos que se lleven algunos. No vamos a permitir que nos quiten lo que una vez conseguimos.