Todos hemos caído alguna vez en la tentación de creer que el pasado no sólo siempre fue peor, sino que lo mejor que cabría hacer sería destruirlo. Es una tentación efímera y, al cabo, siempre volvemos, no al verso manriqueño de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí a la nostalgia por lo que fue y ya no es. El tiempo despenaliza el pasado y el viento de los días le quita a los paisajes vividos las arrugas de la amargura y las esquinas del desaliento. Pero el paisaje sigue en pie.
De toda la estrategia revolucionaria lo que más discrepancia me provoca es su objetivo estratégico por derribar la estructura constitucional del 78. Oyendo a sus líderes proclamar desde los púlpitos televisivos la necesidad de acabar con el espíritu de consenso que la inspiró y con las normas que configuran desde entonces el funcionamiento del Estado, cualquiera llega a la conclusión de que lo vivido desde entonces solo tiene como destino el vertedero.
Es verdad que la situación de podredumbre en que se han instalado parte de las cúpulas políticas de los dos grandes partidos y su incapacidad para prever la crisis o aminorarla sin el alto coste social que estamos teniendo, es un abono tan pestilente de corrupción e incapacidad que no son pocos los que tienden al olvido de lo construido desde entonces.
Por no adentrarnos en horizontes lejanos y porque siempre el ejemplo cercano es el más útil para pasar el algodón de la verdad o la mentira, me permito recordar a todos los almerienses que pudieran sentirse atraídos por la convicción, sincera pero errónea, de que “el régimen del 78” hay que destruirlo, que en los años que precedieron a esta Constitución, tan denostada por algunos, en Almería apenas había institutos; que la Universidad era una quimera en la que sólo pensar convertía a quien lo hiciera en víctima del delirio; que las carreteras, más que unir, alejaban; las autovías o autopistas eran una utopía solo al alcance de los catalanes; el agua una aspiración insaciable; la enfermedad una maldición contra la que solo se podía luchar, cuando presentaba su cara más feroz, desde la capacidad y la voluntad irreductible de un puñado de médicos refugiados en la trinchera hospitalaria de la “Bola Azul”; los pueblos eran islas condenadas al abandono; los servicios públicos no existían o parecían anclados en la burocracia del siglo XIX; los agricultores eran considerados por nuestros vecinos franceses una banda de forajidos contra lo que todo valía; la capital era solo la Puerta de Purchena rodeada de suburbios.
Podría seguir, pero no es necesario. Recomiendo al lector que regrese a la memoria de lo vivido y compare como era su calle, su ciudad y las posibilidades que tuvo entonces para desarrollarse, con la calle, la ciudad o las posibilidades que tienen ahora sus hijos.
En tres poco más de tres décadas se han construido tres hospitales públicos, el número de institutos se ha multiplicado, los kilómetros de autovía superan los doscientos. El agua ha dejado de ser un problema gracias a la mejora en la redes de abastecimiento y a las desaladoras. Nuestros productos agrícolas llenan los lineales de las grandes superficies comerciales europeas convirtiéndonos en la despensa agrícola del continente. La Universidad ya ha licenciado y doctorado a miles de jóvenes almerienses…en fin, que España, Andalucía y Almería han avanzado más en treinta años de Constitución democrática que en trescientos de autoritarismo.
Pero este avance, este progreso, tan fenomenal, no impide asumir la necesidad de que es imprescindible acometer reformas en el texto Constitucional para corregir errores, imprimir rigor en la gobernanza, luchar decididamente contra la corrupción política y privada y eliminar excentricidades autonómicas, situaciones que siempre se han dado y que ahora han salido más a la luz por el efecto devastador de la crisis.
El “modelo del 78” continúa siendo válido- ahí están los resultados-, pero esa validez no impide y, además, no es incompatible, con las situaciones indeseables a que estamos asistiendo. Ningún texto constitucional del mundo imposibilita la comisión de comportamientos ilícitos o irregulares, lo que si tiene que estar dotado es de mecanismos que lo dificulten y, en cualquier caso- en cualquier caso y afecte a quien afecte- que aplique todo el rigor de la Justicia para que el que la haga la pague.
El voto es libre y los electores van- vamos- a decidir en las tres consultas a las que estamos convocados este año entre reformar en profundidad la casa en la que hemos convivido desde el 78 o derribarla, convirtiéndola en escombros. Ustedes mismos.
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Pedro Manuel de la Cruz