Este viernes ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha adjudicado las obras del tramo de AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora a Sacyr por algo más de 33,09 millones de euros. El presupuesto superaba los 71,27 millones de euros, por lo que la baja alcanza el 53,57 por ciento. Sacyr, pues, se ha comprometido, y la Administración se lo ha aceptado, a hacer las obras por bastante menos de la mitad de su presupuesto. ¿Es esto entendible?
El recorte que las Administraciones han dado a la inversión en obra pública propicia situaciones como ésta. Las grandes empresas necesitan, de la forma que sea, cartera de obra que mantenga su facturación, y para ello no dudan en tirar los precios hasta llegar a ofertas como ésta. En 2010 la baja media de las licitaciones del Ministerio de Fomento rondaba el 14,50 por ciento. En 2014, el 32,50 por ciento. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, las bajas han pasado en el mismo periodo de tiempo del 20,80 por ciento al 41,70 por ciento. Y en las Administraciones autonómicas y locales las bajas rondan el 28,60 por ciento y el 27,20 por ciento, respectivamente, cuando hace cuatro años estaban en torno al 20 por ciento.
Un ejemplo exagerado de hasta dónde pueden llegar las bajas en las licitaciones públicas, y no solo de obras, se ha producido aquí mismo, en Almería. La Dirección General de la Marina Mercante sacó a concurso las líneas marítimas Málaga-Melilla y Almería-Melilla. El presupuesto era de 25 millones de euros. Se ha adjudicado a Acciona Transmediterránea por 7,60 millones, es decir, con una baja cercana al 70 por ciento.
La Ley de Contratos del Sector Público permite ofertas competitivas en las adjudicaciones. No podía ser de otra forma, porque de lo que se trata es de asegurar el mejor uso del dinero público. Por eso, cuando una Administración saca a licitación una obra o servicio, quienes optan a la adjudicación pueden proponer un precio más barato. La Administración está obligada a adjudicar la obra al licitador que ofrezca el mejor precio y la mayor calidad.
¿Cómo puede asegurarse la Administración de que una obra se ejecutará en las condiciones ofertadas, al margen de cuál sea el importe de adjudicación? Para ello es preciso, en primer lugar, que el proyecto goce del máximo rigor técnico. Los consultores se han quejado de la baja calidad de los proyectos públicos debido a los escasos honorarios que sus redactores perciben. En segundo lugar es preciso que los organismos se aseguren de la solvencia y capacidad del adjudicatario y de las garantías, implícitas o explícitas, que puede ofrecer.
Situaciones como ésta del AVE Pulpí-Cuevas del Almanzora indican que han fallado algunos de los resortes del procedimiento de adjudicación. Un metro cúbico de hormigón vale lo que vale y un kilo de hierro vale lo que vale, y ese precio tiene su margen, pero nunca puede decirse que ese margen reduce el precio original a menos de la mitad. No es posible. Hace unos meses tuvo lugar la inauguración del tramo de la Autovía del Mediterráneo comprendido entre Taramay y Lobres. Se licitó la obra por 138 millones de euros. Se adjudicó por 84. El coste final para el Ministerio de Fomento ha sido 176 millones de euros. Algo ha fallado.
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