El ministro de Interior y la fábula de Rato

El Parlamento es la columna vertebral de la democracia. El pilar donde se debiera asentar nuestro sistema político. Allí se aprueban las leyes y allí se controla al Gobierno en el uso que realiza del poder. Es también el espejo donde se refleja la conducta de nuestra clase dirigente, de todos los partidos, del que gobierna y de quienes ejercen la oposición.

El pasado viernes, en la comparecencia del Ministro de Interior, "a petición propia", después de que fuera reclamada por toda la oposición, el ministro Jorge Fernández Díaz, dio una lección magistral de falta de respeto a la institución, a los ciudadanos y a la opinión pública. Sus falsedades estaban escritas y leídas sin disimulo. Pretendió el ministro que los diputados de la oposición y la prensa querían hacer escarnio de algo tan sensible como la seguridad personal y familiar de Rodrigo Rato, ex vicepresidente de Gobierno, ex director del Fondo Monetario Internacional -cuyo despacho abandonó por razones personales a mitad de mandato- y ex presidente de Bankia.

Después de varias versiones sobre una reunión que se celebró en el despacho del ministerio de Interior sin que estuviera reflejada en la agenda oficial, al final se intentó justificar el encuentro entre un imputado por delitos económicos graves y el responsable de la investigación de esos delitos por la presencia en Twitter -en donde Rodrigo Rato no tiene cuenta- de insultos, agravios y amenazas, que el ministro calificó como "fundadas". Y el ministro omitió la circunstancia de que como corresponde a su condición de ex vicepresidente de Gobierno, Rodrigo Rato es asistido por escolta en todos los actos de su vida privada y pública.

Mientras el ministro, miembro súper numerario del Opus Dei, mentía deliberadamente en el Congreso de los Diputados para evitar el ejercicio de sus responsabilidades políticas, Rodrigo Rato se paseaba en moto por Gijón y acudía a una piscina a darse un remojo, demostrando que es un hombre sin miedo a esas amenazas o que tales no le impiden desarrollar sus vacaciones como a cualquier otro español.

Atrás quedó la atenuante de que la condición puesta por el ministro para la reunión fuera "no tratar ningún extremo de la situación procesal del imputado" y se arguyó que se habían tratado exclusivamente temas de política general.